Baleares quiere que las comunidades autónomas gestionen el 75 por ciento del IRPF, que tengan mucha más autonomía fiscal y que, en esa autonomía, puedan decidir, por ejemplo, qué porcentaje de los impuestos recaudados se asigna a la Iglesia Católica o a fines de interés social. Estas propuestas, junto con una potente batería de medidas fiscales específicas, figuran en el documento específico que ha presentado Baleares en el marco negociador de un nuevo sistema de financiación.
El documento completo sobre la nueva financiación ha sido elaborado por diversos expertos propuestos por el Gobierno y por las comunidades autónomas y recoge un contundente voto particular de Baleares con una addenda donde se proponen cambios normativos relativos a los tributos cedidos.
El documento dice de forma taxativa que la propuesta de Baleares pasa por ahondar en la autonomía tributaria de las comunidades autónomas. Reclama más capacidad normativa para el IRPF con la posibilidad de cambiar el tipo de gravamen y pide que las comunidades no tengan que sufrir en sus ingresos el coste recaudatorio de las deducciones estatales. Propone además regular en exclusiva figuras jurídicas propias de acuerdo con el derecho civil de las Islas.
Pide, además la capacidad de gestión del IRPF, del que se gestionaría el 75 por ciento y no el 50 por ciento actual, y da a las comunidades la capacidad de inspección, que ahora es una competencia exclusiva del Gobierno. Algo parecido propone con el IVA.