El pleno del Ajuntament de Palma ha aprobado este jueves la propuesta popular de prohibir el alquiler turístico en todos los plurifamiliares, con la abstención de PSOE y PP y la votación en contra de Ciudadanos.
Un total de quince entidades han intervenido a lo largo de la mañana para defender esta propuesta, que ha contado con el apoyo de Podem y MÉS. El PSOE se ha desmarcado de la opinión del resto de partidos del Pacte y ha optado por abstenerse. Esta postura ha provocado el abucheo del público asistente al pleno contra José Hila.
La proposición de la Federación de Asociaciones de Vecinos es la primera de iniciativa popular aprobada por el consistorio desde que se reguló esta fórmula de participación de la ciudadanía y ha sido tramitada con el aval de 6.076 firmas.
El presidente de la agrupación vecinal, Joan Forteza, ha argumentado que la «masificación y turistización de Palma» se ha visto agravada por gran incremento de arrendamientos vacacionales de los últimos años, que además incide de forma muy negativa en un mercado inmobiliario que expulsa a los residentes con menores rentas.
«Podríamos morir de éxito», ha incidido Forteza para defender una iniciativa que trata de evitar una «crisis social» y de frenar el «proceso de gentrificación» que afecta a la capital balear.
Otras quince entidades han intervenido para respaldar la proposición, entre ellas la asociación ecologista Gob, cuya portavoz, Margalida Ramis, ha instado a los concejales a «escuchar el clamor popular» por la preservación de la ciudad.
Antònia Martín, de Podemos, y Neus Truyol, de MÉS, los grupos con cuyos diez votos ha salido adelante la prohibición del alquiler en plurifamiliares, han coincidido en que garantizar el derecho de acceso a la vivienda y conservar la identidad de la ciudad son objetivos que deben prevalecer sobre el ejercicio de una actividad económica que principalmente beneficia a grandes empresas.
El exalcalde y hoy concejal de Urbanismo, el socialista José Hila, ha considerado desacertado considerar como un todo el municipio «sin tener información barrio por barrio».
«Planteamos que antes de tomar la decisión se tenga la información. Tenemos 12 meses de suspensión de licencias para analizarlo bien», ha argumentado para defender la abstención de su grupo.
Por parte del PP, la concejala Lourdes Bosch, ha puesto el acento en que la ley vigente hasta que el pacto de izquierdas en el Parlament la reformó de manera fallida ya prohibía el alquiler a turistas en edificios plurifamiliares. «Este problema estaba solucionado», ha manifestado.
La edil de Ciudadanos Patricia Conrado ha expresado el desacuerdo de su grupo con la prohibición total de alquiler turístico de pisos y ha abogado por «una norma que regule tanto la cantidad como la calidad».