El Área de Modelo de Ciudad, Urbanismo y Vivienda Digna llevará este miércoles a la Junta de Gobierno el inicio del expediente para llevar a cabo el proyecto de expropiación del bloque VIII del Camp Redó.
Se ha presupuestado una partida de 629.944 euros que proviene, por una parte, de fondos de la Ley de Capitalidad (488.000 euros), y por otro, de presupuesto de la concejalía (141.944 euros).
La previsión es que la demolición del edificio se lleve a cabo en 2018 con el objetivo de esponjar el barrio, según informa el Ayuntamiento en un comunicado.
El concejal de Urbanismo, Jose Hila, ha afirmado que con esta actuación lo que se quiere es «recuperar el barrio».
«El Camp Redó es una apuesta firme de este equipo de gobierno después de años sin ningún tipo de actuación», ha asegurado, al tiempo que ha indicado que la expropiación «no es una actuación aislada, sino que hace parte de un plan de acción».
El concejal ha recordado el proyecto de reforma de las 19 viviendas municipales que la concejalía tiene el barrio, de las cuales 12 ya se han recuperado mientras que las obras de las 7 restantes se encuentran en proceso de licitación.
Otra de las líneas que se está trabajando desde Urbanismo es «ofrecer ayuda a los propietarios para que constituyan comunidades de vecinos», un trabajo «muy importante» para conseguir mejorar el barrio.
Para 2018, «haremos trabajo para comprar viviendas», además de trabajar con el Ibavi para llegar a un acuerdo para que las viviendas que tienen allí sean gestionadas por el Ayuntamiento. «De esta manera, los vecinos tendrían un único interlocutor», ha dicho Hila.
El bloque VIII está integrado por 32 viviendas, 12 de titularidad pública y 20 de propietarios particulares. De las 12 viviendas públicas, 7 son del Patronato Municipal de Vivienda Riba y 5, del Ibavi. Estas 12, más una de un particular, estaban tapiadas. Las 19 restantes sí están ocupadas por sus propietarios o por inquilinos.
Con estas familias, los técnicos del patronato han estado haciendo entrevistas para conocer su situación económica, su estructura familiar y sus preferencias de cara a continuar viviendo en el barrio.
Ahora, «una vez iniciado el expediente de expropiación, se podrán concretar las soluciones para cada una de las familias», ha explicado el director general de Vivienda, Francisco Cifuentes. Una solución que «puede pasar para obtener un alquiler social», según Cifuentes.
El justiprecio que se ha marcado para las viviendas de los 25.000 a los 35.000 euros, dependiendo de la superficie que tengan.