Una de cal y otra de arena. El dictamen del Consell Consultiu sobre el proyecto de Llei d'Habitatge que se aprobó a última hora del viernes señala como inconstitucional el artículo 22 del texto –al colisionar con la Ley del Sector Financiero estatal–, que obligaba a las entidades financieras a ofrecer en alquiler social los inmuebles como alternativa al desalojo por desahucio en el caso de que se tratase la vivienda habitual. Por contra, el mismo órgano considera factible y dentro de los principios constitucionales otro de los preceptos del futuro texto legislativo, el que señala como obligatorio que los grandes tenedores de viviendas –bancos y promotores– cedan al Govern los inmuebles que llevan más de dos años vacíos para poder ofrecerse como alquiler social.
Respecto a este último supuesto, el Consell Consultiu señala como preceptivo que el Govern elabore con carácter previo un mapa territorializado de viviendas sociales en Balears, exigencia que en opinión del conseller Marc Pons, titular de Territori, Energia i Mobilitat, «será sencillo de cumplir ya que tenemos contabilizadas más de 2.500 peticiones en lista de espera».
Estos planes deberán incorporarse al futuro texto de la ley durante la tramitación parlamentaria.