La fiscal del Supremo pide una condena de cinco años y medio de prisión a Jorge Vela y a Elisa Maldonado, dos de los acusados en la rama valenciana del caso Nóos que fueron absueltos por la Audiencia de Palma al considerar que cometieron delitos continuados de falsedad en concurso con prevaricación; Jorge Vela fue director de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (CACSA) entre 2005 y 2009, y Elisa Maldonado responsable jurídica de esa empresa pública propiedad de la Generalitat.
Además, la fiscal, en su recurso presentado hoy, pide que se condene al exsecretario de Turismo de la Generalitat Luis Lobón a nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación, y al director de CACSA entre 2002 y 2005, José Manuel Aguilar, a siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación sin continuidad.
Los cuatro, al igual que el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, fueron absueltos por la Audiencia de Palma de acusaciones que iban hasta los once años de prisión. El recurso de la fiscal no afecta a Alfonso Grau.
A los cuatro les acusa de resolver la firma de tres convenios entre la Generalitat y los gestores del Instituto Nóos, Iñaki Urdangarin y Diego Torres, «prescindiendo plenamente de las normas de procedimiento que regulan los contratos celebrados». Así, la fiscal indica que tanto el convenio de 2004 para la celebración de la primera cumbre Valencia Summit, como las adendas de 2005 y 2006 para nuevas ediciones, se firmaron por Jorge Vela con el visto bueno de Luis Lobón y el informe jurídico de Maldonado, pero sin publicidad ni concurrencia.
A su juicio, los cuatro acusados conocían que la decisión de contratar con el Instituto Nóos era «injusta» y «arbitraria» por no obedecer a razones de objetiva capacidad ni criterios reglados de selección, y además la mantuvieron incluso después de las advertencias de la Sindicatura de Comptes en su informe de 2005.
Además, a Vela y Maldonado les imputa la falsificación de tres informes que justificarían por qué se contrató con Nóos sin los principios de concurso y de publicidad, que se elaboraron tras celebrarse los convenios y con el fin de dotar «a la decisión arbitraria de un ropaje de legalidad».
La fiscal indica que Maldonado, con el «expreso acuerdo» y a petición de Vela, elaboró los informes en los que se «trataba de avalar» la legalidad de los convenios de 2004, 2005 y 2006, pese a que no concurría ninguno de los requisitos para ello y se había omitido «todo procedimiento administrativo».
La fiscal destaca de ambos «la conciencia de la alteración de la verdad, con modificación de todas las fechas y la unión al expediente con posterioridad a la contratación, incluso a los pagos». Por ello pide condenar a ambos como autores de un delito continuado de falsedad en concurso con un delito continuado de prevaricación, con una pena de cinco años y medio de prisión, una pena de 22 meses de multa y una pena de cuatro años y medio de inhabilitación.