La exconsellera insular d'Esports i Promoció de Unió Mallorquina (UM) Dolça Mulet ha admitido pagar una multa de 3.600 euros por prevaricación continuada y fraude a la administración en la concesión de subvenciones entre 2004 y 2005 para favorecer a personas afines al partido, en el caso Piñata.
La sección segunda de la Audiencia de Palma ha acogido la vista previa por esta causa sobre el fraude en torno a subvenciones concedidas por el Consell de Mallorca en 2004 y 2005 a cuatro asociaciones creadas por afines a UM, para favorecer a los militantes y conseguir su fidelidad con el partido.
La Fiscalía Anticorrupción ha tenido en cuenta la admisión de los hechos por parte de los acusados y la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, dado que la causa empezó a instruirse en 2006. Inicialmente, las acusaciones pedían 6 años y 5 meses de cárcel para Mulet por prevaricación y tráfico de influencias.
El fiscal ha pedido para Mulet y para el exdirector insular de Patrimoni Històric, Joan Josep Mas, dos condenas: una por prevaricación continuada a 2 años y 2 meses de inhabilitación, y otra por fraude a la administración de 6 meses de prisión y 2 años de inhabilitación especial, respecto a la cual ha admitido sustituir la pena privativa de libertad por 12 meses multa con cuota diaria de 10 euros (3.600 euros).
Para los otros diez acusados, ha pedido los 6 meses de prisión y 2 años de inhabilitación, sustituibles por idéntica multa.
El tribunal dictará sentencia en ese sentido dado que en la vista previa se ha alcanzado un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía Anticorrupción y las defensas, porque tanto Mulet como los otros once acusados han admitido los delitos de prevaricación y fraude.
Entre los doce acusados pagarán en total unos 40.000 euros de multa. Para uno de ellos, el fiscal Juan Carrau ha admitido suspenderle la pena por un plazo de 3 años siempre que no cometa ningún delito.
Entre las irregularidades admitidas figuran la creación de una asociación de actividades socioculturales, otra agrícola y ganadera y una tercera de caza, a propósito para recibir subvenciones y que de hecho en algunos casos empezaron a percibirlas incluso antes de estar activa.
En virtud de las relaciones existentes entre los acusados y del acuerdo previo, la administración no controló debidamente el destino de los fondos públicos y ninguna de las cuatro asociaciones justificó de manera adecuada el gasto de las subvenciones.
A qué político la va a interesar poner medios a la justicia cuando les viene tan bien lo de la atenuante de dilaciones indebidas?