El Parlament balear ha validado el decreto ley de medidas urgentes en transporte terrestre, que regula, entre otras acciones, que el taxi es el único transporte discrecional que puede captar clientes en la vía pública y dota de herramientas a los inspectores para que sancionen las ofertas «pirata».
El pleno del Parlament ha validado con 55 votos a favor y ninguno en contra ni abstenciones el decreto ley aprobado por el Consell de Govern el pasado 26 de mayo, días después de un paro improvisado de los taxistas en el aeropuerto de Palma contra la competencia desleal.
El conseller de Movilidad, Marc Pons, ha señalado en el debate que la implantación de nuevas tecnologías ha obligado a replantear algunos de los «axiomas» que debían estar aclarados con anterioridad.
La nueva situación obliga a «trabajar de forma conjunta y coordinada», lo que pretende el decreto aprobado sin que ello suponga una merma de las condiciones de los trabajadores y el sector en general.
Durante el debate de la validación los grupos de la oposición han cuestionado la figura del decreto en lugar de la tramitación de un proyecto de ley.
Además de la prohibición de captar clientes para el transporte discrecional sin licencia de taxi, el decreto contempla el régimen sancionador para la publicidad en páginas web y redes sociales de transporte irregular y facilita la contratación mutua entre empresas de transporte discrecional para cubrir puntas imprevistas de demanda.
El decreto precisa la regulación del transporte discrecional e implanta nuevas sanciones y multas de entre 6.000 y 12.000 euros, a quienes publiciten ofertas de transporte sin licencia específica, como las que han proliferado a través de internet dirigidas a turistas que llegan a los aeropuertos.
Además, prevé un plan con tres inspectores y cuatro auxiliares en zonas claves como el aeropuerto de Palma, que se trasladarán también al de Ibiza.
El decreto, de aplicación en todas las islas, es fruto del acuerdo que venía trabajando el Govern con el sector del taxi para cerrar un convenio para la implantación del transporte público en el aeropuerto, según el conseller.
Además, clarifica la regulación de los vehículos de alquiler con conductor de empresas procedentes de otras comunidades autónomas y dota a los consells insulars de herramientas para crear y regular licencias de taxi y de estos vehículos de alquiler con conductor.
En concreto, los coches y furgonetas de alquiler con conductor dados de alta en otras regiones no podrán operar fuera de esos territorios más de un 20 % del tiempo y tendrán que acreditarlo con fechas de entrada y salida en Baleares.