La Comisión de Patrimonio Histórico del Consell de Mallorca ha acordado este martes, con la oposición del PP, Ciudadanos y PI, retirar del orden día la propuesta de catalogación del monolito de sa Feixina.
El presidente de la comisión, Francesc Miralles, ha realizado esta propuesta al inicio del debate de este punto al considerar que son necesarios «para tomar una decisión con garantías» nuevos informes de carácter cultural y artístico, y técnico. Estos serán encargados tanto a la Universitat de les Illes Balears, al Ajuntament de Palma como a los propios técnicos del departamento de Patrimonio.
Miralles cree que cualquier decisión tomada este martes podía caer en «incongruencias» y que un juez podría invalidarla, en base al contencioso presentado por el Ajuntament de Palma. Por ello, ha propuesto que se soliciten dichos informes complementarios porque, según ha insistido, «no se puede tomar una decisión solo en base a un informe jurídico».
Cabe recordar que la pasada semana, la ponencia técnica acordó proponer a la mesa política la catalogación del monumento tras el estudio de un informe jurídico, pero «se echa en falta opinión técnica para la catalogación y escuchar a los técnicos de la casa».
La propuesta de retirar este tema del orden del día ha sido valorada por los diferentes grupos. El PP cree que hay informes suficientes como para que la comisión se hubiera pronunciado y ha votado en contra. La misma opinión han compartido los representantes de Ciudadanos y PI. Podemos, Més y PSIB se han mostrado a favor de incorporar nuevos informes y de posponer la decisión del Consell.
Durante el transcurso de la reunión, en la que han estado presentes una treintena de miembros de la plataforma Sa Feixina Sí que tomba, el letrado jefe del Consell, Gabriel de Oleza Serra, ha considerado innecesario solicitar un informe a la UIB, una postura que ha defendido Mercedes Garrido, quien creen que es importante la opinión de la universidad, como órgano consultivo, debido a la controversia del expediente y pese a que la ley no contemple dicha consulta en procedimientos de protección como Bien Catalogado -es preceptiva en procesos de declaración como Bien de Interés Cultural (BIC)-. De Oleza lo ha creído innecesario, más aún cuando la ponencia ya se pronunció al respecto hace unos días.