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Fátima Báñez anuncia que se dotará a Baleares con 32 inspectores más contra el fraude

Se prevén unas 1.300 actuaciones para revisar contratos temporales y a tiempo parcial. | Joan Torres

| Palma |

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha anunciado que Baleares contará con 32 inspectores más para el Plan de lucha contra la precariedad en el trabajo de 2017, que se sumarán a la plantilla fija de 51 que tiene la Comunidad, y que tienen previsto realizar unas 1.300 actuaciones centradas en revisar contratos temporales y a tiempo parcial.

Báñez lo ha dicho así en una rueda de prensa en el Consolat de Mar junto a la presidenta del Govern, Francina Armengol, tras la firma del convenio que formaliza este plan. En esta, también ha explicado que de los 341 millones de euros del Plan de Empleo de Calidad de Baleares 2017-2020, 247 millones provienen del Estado y de fondos europeos.

Por su lado, el plan contra la precariedad empezará el 1 de julio con la puesta en marcha de una campaña de medios que busca un efecto disuasorio. En Mallorca, habrá 16 inspectores y 650 actuaciones; en Menorca, seis inspectores y 240 actuaciones; en Ibiza, ocho inspectores y 320 actuaciones y en Formentera, dos inspectores y 80 actuaciones.

En otro sentido, Báñez ha querido reconocer «el esfuerzo de la sociedad balear», ya que fue la «primera comunidad que empezó a crear empleo en la recuperación de 2013» y que, según ha manifestado, ha recuperado «todo el empleo destruido en la crisis».

«Gracias a la contribución de Baleares», ha dicho la ministra, «hay más contratación indefinida». De esta manera, ha resaltado que en las Islas es «del 20,3%, cuando la media nacional es del 14%».

Por su lado, Armengol ha destacado que este es «el tercer año consecutivo» que se realiza el plan contra el fraude en el empleo y ha hecho hincapié en que la protección al trabajador y la calidad en el empleo deben ser «algo distintivo» de Baleares.

En otro sentido, Báñez ha explicado que Armengol le ha pedido aportar la experiencia balear en un grupo de trabajo junto a Canarias y el Gobierno central sobre salud laboral con, por ejemplo, «aportaciones y reflexiones» en el ámbito de «las camareras de piso».

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