Más de 3.000 viviendas de protección oficial de Palma y Eivissa habrán quedado liberadas y podrán salir al mercado libre cuando termine esta legislatura. Como consecuencia de ello, el Govern perderá el control de casi la mitad del parque de vivienda que tenía hasta ahora bajo su supervisión. Los propietarios las podrán vender o alquiler libreamente sin ningún tipo de control.
Se trata de viviendas construidas con ayudas públicas, cuyos propietarios las adquirieron con importantes subvenciones a un precio muy inferior al de mercado. La ley establece que debe pasar un mínimo de 30 años para que un propietario pueda vender libremente este piso, pero en Balears se aprobó una modificación que permite que alguno de estos inmuebles se vendan pasados 20 años. Ya ha transcurrido ese plazo y ello significa que el Govern se quedará con la mitad del parque de VPO que había hace unos años y los propietarios podrán ahora obtener rendimiento de pisos comprados con ayudas públicas.
Según las estadísticas de la Conselleria de Territori, en 2019 quedarán en Palma 6.359 VPO de las 8.903 que había a principios de legislatura y de las 12.081 que ha llegado a haber en la capital. En Eivissa también se da un proceso parecido y de las 1.765 viviendas protegidas que había en la Isla solo quedarán 925 pasada la legislatura.