Dos empresarios que fueron condenados por delitos de corrupción en el ‘caso Turisme Jove' han seguido contratando con las administraciones de Balears a través de otra empresa que ha recibido diversas adjudicaciones que suman al menos 4 millones de euros. Es la cantidad mínima que consta desde el año 2014, fecha en la que se hizo efectiva la condena.Se trata de Antoni Dols y Bartomeu Gayà, copropietarios cada uno de ellos al 42 por ciento de la empresa Esports 85 SL. Ambos fueron condenados a penas de un año de cárcel y seis de inhabilitación absoluta por el delito de malversación en concurso, con prevaricación y falsedad mercantil. Dols es, además, el administrador único de la empresa, que se dedica a la prestación de servicios de carácter deportivo y al aire libre.
La condena es firme desde el 13 de enero de 2014, fecha de la sentencia dictada precisamente por Juan Pedro Yllanes, actual diputado de Podemos en el Congreso. De hecho, se alcanzó un pacto de conformidad con los acusados.
En la sentencia, el entonces juez Yllanes les condenó por emitir facturas falsas con otra de sus empresas, Náutica Aventura SL. Las actuales contrataciones con las administraciones se han formalizado con la empresa Esports 85 SL, pero la ley de contratos del sector público determina que no podrán contratar con la administración aquellas personas que hayan sido condenadas en sentencia firme a varios delitos, entre los que figuran de forma expresa los de malversación e inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, industria o comercio.
Todas las empresas que contratan con la Administración tienen la obligación de firmar una declaración responsable de que los administradores no están incursos en una de las circunstancias que les impiden contratar con el sector público. La firma de esta declaración responsable es una condición indispensable para todas las empresas, por lo que necesariamente también ha tenido que hacerlo Esports 85 SL para conseguir los contratos. La empresa ha recibido adjudicaciones de Govern, Cort, Consell y al menos los ayuntamientos de Alcúdia y Sant Llorenç durante todos estos años, directamente o a través de organismos o empresas públicas.