El seguro no quiere pagar la factura del caos aéreo de 2010. En paralelo a las responsabilidades penales por la huelga de los controladores, se juega el pago de más de tres millones de euros en indemnizaciones. En el auto de apertura de juicio oral el magistrado instructor fijó el pago de una fianza para asegurar esta cantidad hasta el juicio. Como responsables de pagarla están los 82 controladores que se sentarán en el banquillo de los acusados, AENA como empresa para la que trabajaban y el seguro que cubría los riesgos.
La compañía de seguros ha sido la primera en reaccionar y en plantear un recurso para evitar este pago. Según sostiene en un escrito, la póliza de la que disponían los controladores no cubre incidentes de este tipo.
El argumento de la compañía, Mapfre Global Risk, es que el contrato firmado con AENA asegura cualquier daño que ocasione un controlador en el ejercicio de su empleo, algo que no ocurrió en medio de la huelga. Se basan en una sentencia de la Audiencia Nacional que ya exculpaba a la compañía frente a la demanda en lo Contencioso de algunos afectados en territorios en los que la causa penal no prosperó: «Fue una conducta que, lejos de producirse en el curso de la contribución de cada trabajador al funcionamiento de los servicios públicos, tiende directamente a impedir que AENA pueda prestar la función que le es propia», concluyó el tribunal. El otro motivo que esgrime la compañía es que lo que se reclaman no son lesiones personales ni daños personales, que es lo que cubre la póliza, sino daños morales.
Si la compañía de seguros resulta exculpada y se admite su recurso, los únicos responsables civiles directos serían los 82 acusados. Los tribunales acudirían a ellos en primer lugar a la hora de ejecutar la fianza y, de forma subsidiaria acudirían a AENA, como empresa responsable del espacio aéreo y para la que trabajaban éstos. Para cada pasajero se reclaman 3.000 euros en concepto de daño moral.