La Fiscalía de Balears sólo admitirá un acuerdo en bloque con los 82 controladores que serán juzgados por el caos aéreo de 2010. La fiscal encargada del caso, Amparo González, ha trasmitido a algunos de los abogados de los controladores que no contempla negociaciones por separado. La posibilidad de un acuerdo, después de que la Audiencia haya confirmado el auto que mantenía el delito de sedición y de que se haya abierto juicio oral, quedaría a la expensa de unas negociaciones globales y de la actitud de las acusaciones particulares, algunas de las cuales piden penas de prisión más duras que la Fiscalía.
En el otro caso en el que el caos aéreo de 2010 llegará a juicio, en Madrid, ya se han producido reuniones formales entre las defensas y la Fiscalía. En esas reuniones, los controladores han planteado no tener que pagar multas, que no haya inhabilitaciones y que sea AENA quien asuma las responsabilidades civiles. Entre Madrid y Balears existe una diferencia importante: el delito de sedición, que sólo ha mantenido el juzgado de Palma y la Audiencia Provincial.
En Madrid sólo se acusa de abandono de funciones, delito que lleva aparejada solamente una multa. Esa es la acusación principal que hace también la fiscal de Palma. Sin embargo, incluye otra posibilidad: la de la sedición. Se trata de un delito contemplado sólo en el código penal aéreo y que es el que incorpora la posibilidad de condenas de cárcel: cuatro reclama la Fiscalía y ocho algunas de las acusaciones particulares. Además, provocaría su inhabilitación automática. De esta forma, el ir a juicio tiene un riesgo mucho más elevado para los 82 controladores de Palma que para los 135 que serán juzgados en el caso de Madrid.