Palma es, sin duda, uno de los principales focos de tensión en lo que a alquiler turístico se refiere. Según datos de la alianza turística Exceltur, los principales portales comercializan en la ciudad más de 6.000 viviendas turísticas, pero en la Conselleria de Turisme solo están inscritas 302. Esta diferencia se debe a que la mayoría de viviendas vacacionales de Palma no cumplen con los requisitos fijados en la Ley de Turismo, que prohíbe el alquiler turístico en edificios plurifamiliares.
La nueva norma del Govern, en fase de estudio de alegaciones, contempla esta actividad en plurifamiliares, que dependerá del permiso de los vecinos. Este punto es uno de los que más controversia ha levantado ya que desde la asociación de apartamentos turísticos Aptur entienden que «no es viable».
Pese a ejercer su actividad al margen de la normativa, desde la patronal Aptur entienden que estas viviendas vacacionales no están en una situación ilegal sino alegal. La asociación defiende que existe un «vacío legal» ya que la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) sí que permite alquilar cualquier tipo de vivienda por un período corto de tiempo. Sin embargo, lo que no contempla la LAU es ofrecer servicios turísticos ni su comercialización a través de páginas webs destinadas a esta actividad.
Desde el Govern, en cambio, siempre han defendido que en muchas de estas viviendas plurifamiliares sí que se ofrecen servicios turísticos y argumentan que su coste «no es propio de un alquiler habitual». En cuanto a su comercialización, hasta el momento no se ha detallado qué paginas son estrictamente turísticas, algo que desde Aptur reprochan a los responsables de la Conselleria de Turisme y piden que se aclare.