El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha pedido este martes que la adopción de medidas provisionales se tomen en base a las circunstancias personales de cada situación y que la prisión provisional es una medida de carácter extraordinario que debe estar justificada, en referencia a la postura de la Fiscalía que sopesa pedir prisión provisional para Iñaki Urdangarin sobre el que pesa una sentencia condenatoria por el caso Nóos.
Preguntado por la vista que celebrará la Audiencia Provincial de Baleares este jueves para decidir si se acuerdan medidas cautelares contra Urdangarin, condenado a seis años y tres meses de prisión y su exsocio Diego Torres, condenado a ocho años, Catalá se ha mostrado confiado de que el tribunal, a la vista de los informes del Ministerio Público y de las partes, decidirá «con arreglo a la Ley».
Durante su participación en un desayuno informativo de Europa Press, el ministro de Justicia ha indicado que en la adopción de medidas provisionales en la ejecución de las penas hay que tener en cuenta las circunstancias personales. «Es en análisis de las circunstancias personales de cada caso concreto donde se se concluye si existe o no riego de fuga», ha dicho al respecto.
A su juicio, privar de libertad a una persona cuando no ha finalizado una causa es extraordinario y por tanto debe estar «muy justificada» la petición de ingreso en prisión, al hilo de la vista que se celebrará este jueves en Palma después de que el fiscal del caso Nóos, Pedro Horrach, comunicara tras conocerse la sentencia que se inclina por pedir la prisión preventiva eludible con fianza para el exduque de Palma y el que fuera su socio.
Acusación popular
Catalá también se ha referido a la necesidad de acometer una reforma penal en la que el Ministerio Fiscal asuma la investigación de las causas en detrimento de la acusación popular, ya que a su juicio esta debería reducir su ámbito «tanto subjetivo, quien puede ejercerla, como objetivo, para qué tipos de delitos». Para ello ha hecho hincapié en la necesidad de fortalecer las garantías del Ministerio Público fijándose en modelos de justicia europeos donde no existe la figura de la acusación popular.
«Se puede ajustar notablemente como han hecho los países de nuestro entorno. En muchas de estas cosas no hay que inventar demasiado, con mirar alrededor y aprender de las mejores experiencias de otros se pueden incorporar muchas novedades en nuestro derecho», ha aseverado el ministro, quien considera que la acusación popular «no es necesaria» y que la participación de los ciudadanos en la Justicia no tiene por qué articularse a través de este mecanismo.
«Estos cambios necesitarán reforma del Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal que atienda a su especialización, profesionalización y que dote de capacidades para evitar normas autoritarias y quede fuera de injerencias. Creo firmemente en la autonomía del Ministerio Fiscal y el papel que la constitución le atribuye como garante del interés general», ha explicado.