El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), el departamento de Territorio e Infraestructuras y la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística y Territorial de Mallorca (ADU) han firmado un protocolo de actuación para evitar los desalojos cuando afecten a personas en riesgo de exclusión que no tengan alternativas de vivienda.
Con la firma de este convenio, los tres organismos dependientes del Consell de Mallorca se comprometen a seguir una serie de pasos ante la posibilidad de tener que desalojar la residencia habitual de personas que estén en situación de riesgo, ha informado la institución insular en un comunicado.
Dichos organismos llevan a cabo desalojos en casos como expropiaciones por obras viarias o demolición de construcciones ilegales.
El protocolo acordado por los tres departamentos define los pasos que deben llevar a cabo en caso de que el Servicio de Expropiaciones del Consell (dependiente del Departamento de Territorio e Infraestructuras), tenga que desalojar edificaciones que constituyan la residencia habitual personas en riesgo residencial.
El acuerdo establece que se podrán acoger a este protocolo, al ser consideradas en situación de riesgo de exclusión residencial, aquellas familias en las que convivan diferentes generaciones y cuyos ingresos provengan únicamente de las personas más mayores.
También se pueden beneficiar las familias con todos sus miembros en edad laboral en paro y que hayan agotado las presentaciones correspondientes; así como las unidades familiares monoparentales con menores a su cargo y aquellas familias con alguno de sus miembros con una discapacidad igual o superior al 33 %.
El protocolo establece que cuando las actuaciones de la ADU o el Servicio de Expropiaciones pueden dar lugar al desalojo de una unidad familiar de estas características de su residencia habitual, se comunicará a las personas afectadas la existencia de este protocolo y se les informará de que deben contactar con el IMAS, organismo que se encargara de analizar si se da la situación de riesgo.
Una vez recibida la solicitud y la documentación por parte de las personas afectadas, el IMAS elaborará un informe para confirmar o no la imposibilidad de éstas de acceder a una vivienda alternativa.
En caso de que no dispongan de ninguna alternativa del IMAS trasladará el informe a la ADU, al Servicio de Expropiaciones y al Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), para que busquen una solución alternativa antes de que se produzca el desalojo.
El protocolo lo han firmado este martes las conselleras de Benestar Social i Drets Socials y presidenta del IMAS, Margalida Puigserver; y de Territori i Infraestructures, Mercedes Garrido; el director de la ADU, Bartomeu Tugores, y la directora insular de Atención a la Dependencia, Teresa Vallespir.