Baleares reconocerá por ley los valores de la democracia, preservará la memoria y difusión de movimientos y grupos que, desde la época de la II República (1931) a la aprobación del Estatut d'Autonomia (1983), han protagonizado este «recorrido democrático» y encargará a la Administración que tome las medidas oportunas para «velar por el conocimiento y la difusión» de esta parte de la historia.
Ese el objetivo de la Ley de Memoria Democrática de Baleares que han impulsado los partidos de la izquierda y que llegará al Parlament el próximo febrero. Se presentará como proposición de ley, por lo que será un texto del Parlament. La idea es anunciarla públicamente coincidiendo con el aniversario del fusilamiento del último alcalde republicano de Palma, Emili Darder, el 24 de febrero de 1937. En 2017 se cumplen ochenta años de los hechos.
El borrador de la ley parte del trabajo conjunto de dos diputadas: Margalida Capellà (MÉS) y Silvia Cano (PSIB), que ha sido la coordinadora.
La futura ley establecerá medidas de «acción positiva» y de reparación moral, facilitará el acceso a archivos, a la consulta abierta de documentación relacionada con esa época y encargará al Govern «adoptar las medidas y actuaciones necesarias» para proteger a colectivos perseguidos y represaliados históricamente, como sindicatos, gais, organizaciones culturales, partidos políticos, minoría étnicas, logias masónicas y al colectivo feminista. La norma, que la izquierda intentará pactar con el PP, PI y Ciudadanos, establece un nuevo derecho, el Derecho a la Memoria, e incide en la importancia de rescatar y proteger archivos públicos y privados.