El Ajuntament de Palma tiene registradas actualmente las peticiones de 24 familias de Son Banya que han solicitado ayuda en materia de vivienda para abandonar el poblado. Pero, de momento, ninguna de estas demandas ha podido ser atendida «porque no hay viviendas en Palma que se les puedan ofrecer con un alquiler social», reconoció este viernes la regidora de Benestar i Drets Socials, Mercé Borràs, tras la celebración de la Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient.
Estas 24 familias suponen casi una de cada cuatro de los 106 núcleos familiares residentes. Además 9 de las reclamaciones «se hacen de forma insistente desde hace muchos años», aseguró la edil. Borràs insistió en la complejidad de poder dar a estas familias una alternativa residencial fuera de Son Banya, pero aseveró que «estamos trabajando en ello y, desde luego, es una prioridad para 2017».
Con motivo de una pregunta del grupo municipal de Ciudadanos en la mencionada comisión sobre qué medidas va a adoptar el equipo de Gobierno en relación a los moradores del asentamiento después de que Cort solicitase la suspensión de la ejecución de la sentencia que obligaba al desalojo del mismo, la edil explicó que el fallo afecta solo a 45 albergues, «algunos de los cuales son usados como viviendas y otros no». Borràs insistió en que «no se actuará sin el asesoramiento de los expertos y sin que estén implicadas todas las administraciones».