El que fuera presidente de OHL hasta el pasado mes de junio y también exministro de Hacienda, Juan Miguel Villar Mir, ha solicitado ante la Audiencia Provincial de Baleares el archivo de su imputación en el caso Son Espases y, en un duro escrito, recrimina que se dirijan acciones penales contra él «por ser quien es» en base a «conjeturas imprecisas», «vaguedades» y «buscando lo que no existe».
En su recurso de apelación, de 22 páginas, el empresario llega a comparar de forma velada su situación procesal con la de la Infanta Cristina en el caso Nóos: «Se hace preciso recordar que la misma Fiscalía Anticorrupción» -querellante en el caso Son Espases- «en otros procesos sobradamente conocidos siempre mantuvo, con acierto, que no se es responsable por ser quien es ni por lo que se es, sino por lo que se hace. En suma, la misma tesis que defendemos aquí».
La defensa de Villar Mir insiste en este sentido en que en el derecho penal español moderno -«y en el de cualquier país civilizado»- no se castiga «por ser quien es» sino «sólo por lo que se hace o por lo que se omite».
Al respecto, el abogado señala que, tras más de dos años de investigaciones policiales, fiscales y judiciales, su patrocinado «sigue sin saber cuál es el comportamiento que se le atribuye, porque ni lo dijo el Ministerio Público en su querella, ni lo ha expresado» el juez instructor de las pesquisas, José Castro, «en sus resoluciones».
«No se encontrará ni una sola afirmación, ni una sola frase, en las declaraciones de los querellados, ni en las de los testigos, ni en un sólo documento, que refleje o contenga nada que suponga, siquiera con carácter indiciario, una acción de carácter penal ñpor parte de Villar Mirí. Y no se encontrará porque no ha intervenido en los hechos que relata el Ministerio Fiscal», abunda tajante el letrado.
El representante legal del exministro asevera en esta línea que esta causa, incoada contra ocho personas por los supuestos amaños cometidos durante la construcción del hospital de referencia de Baleares -y ampliada posteriormente a su supuesta conexión con la reforma de la sede del PP nacional en Génova-, es «una verdadera 'inquisitio generalis'» en la que sólo se concretan los hechos presuntamente delictivos para el resto, pero no para él.
Cinco días para que se pronuncien las partes
El juez Castro ha dado traslado a las partes de la petición de archivo de Villar Mir para que, en un plazo de cinco días, se pronuncien sobre la pertinencia de sobreseer las investigaciones para el empresario.
La adjudicación de Son Espases, que acabó en manos de una de las filiales de ACS, Dragados, se encuentra en el punto de mira del magistrado por supuestas irregularidades en la tramitación del proceso y el pago de comisiones millonarias. Además, Castro busca esclarecer si las obras llevadas a cabo en la sede nacional del PP fueron financiadas de forma irregular y su vinculación con la concesión del hospital.