MÉS per Mallorca quiere que el Gobierno central modifique la Ley de Costas para que el Govern balear ejerza la gestión del dominio público marítimo-terrestre de las islas, para poder aplicar un mayor control y vigilancia y evitar la proliferación de agresiones y especulación en el litoral.
El partido ha registrado una proposición no de ley en la que pide el cumplimiento de lo que dice al respecto el Estatuto de Autonomía de Baleares, según el cual, corresponden al Govern la concesión de autorizaciones, las obras en el litoral que no sean de interés general y la policía administrativa de la costa, así como las concesiones y fondeos.
El portavoz de MÉS per Mallorca, David Abril, ha justificado la propuesta en la necesidad de evitar estas «agresiones históricas» en la costa y polémicas renacidas este verano como la ocupación de playas «esta nueva oleada de especulación y destrucción, y capítulos como el de Cabrera», ha dicho en una rueda de prensa sobre la ocupación de la playa del Parque Nacional ocurrida el fin de semana.
Abril considera paradójico que la comunidad con más litoral, con 1.428 kilómetros lineales de costa, «no tenga la competencia de la demarcación de Costas». Ha calificado de «absurdo que Madrid deba vigilar la línea de costa» y ha reclamado «una gestión de proximidad más efectiva».
El portavoz de MÉS ha atribuido el aumento de las agresiones en el litoral balear a una combinación de los efectos de la reforma de la Ley de Costas realizada en 2013 por el PP y a la Ley Turística autonómica, llamada «Ley Delgado», a las que achaca que el desarrollismo de los años 60 y 70 se haya «reavivado en los últimos años».
Ante la ocupación de playas y espacios protegidos, la construcción en primera línea e incluso la venta de arena de distintos puntos emblemáticos de la costa balear por internet, el portavoz de MÉS per Mallorca considera que «hay mucho por hacer», empezando por incrementar la vigilancia y el control.
Ha reprochado que si bien el litoral del archipiélago resulta lucrativo para el Gobierno central, que ingresa 9 millones de euros netos anuales por concesiones y actividades que general impacto, «en los últimos 15 años ha invertido en Baleares 13 millones de euros».
Abril ha criticado que Costas tenga «3 o 4 inspectores para todas las islas» y ha reiterado la petición de que el Gobierno traspase la competencia al Govern aunque sea mal dotada, porque con los ingresos anuales que generan las concesiones el ejecutivo autonómico decidirá mejor qué hacer por ser «una herramienta clave que permitiría evitar estas situaciones».
El portavoz ecosoberanista considera que en la Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca «con los pocos medios que hay, se hace mucho», pero requiere una mayor dotación presupuestaria, que MÉS per Mallorca reclamará en la tramitación de los Presupuestos de la comunidad para 2017.
«De cara al presupuesto, el incremento de personal en Medio Ambiente es clave y necesario porque seguimos con el que recortó Company», ha dicho Abril sobre los despidos de la pasada legislatura en esta área.
Según Abril, tras recuperar docentes y personal sanitario en el primer año de legislatura, como era prioritario para los partidos del pacto, «en la situación de colapso y saturación como la que se constata, o reforzamos las políticas medioambientales con recursos o no se da abasto», ha reivindicado.
Abril cree que los ingresos de la ecotasa «también deben jugar un papel central en reforzar las políticas de protección de espacios naturales, con medios de control y vigilancia».