Una ley autonómica, concretamente la Llei d'Igualtat d'homes y dones de les Illes Balears –que este miércoles aprobará el Parlament en un pleno extraordinario– considera el impago de pensiones como «violencia económica» a las mujeres.
La ley define claramente el concepto de «violencia machista», que abarca tanto la física como la psicológica, la económica y la sexual. Fija claramente el papel de la escuela para garantizar la igualdad desde el primer momento y transmitir sus valores.
La ley recoge, en líneas generales, el proyecto que se preparó durante el segundo Pacte de Progrés, concretamente desde el Institut Balear de la Dona, y que no se pudo aprobar. La Ley de Igualdad fue un compromiso de todos los partidos que firmaron los acuerdos de gobernabilidad tras las elecciones de 2015. Llegó al Parlament como proyecto de ley del Govern y todos los grupos expresaron su acuerdo con matices, también el PI y el PP, partido al que un grupo llamado Foro de la Familia, y que ha actuado en el pasado como lobby de presión del PP cuando este gobernaba, intenta que se oponga.