El juzgado de instrucción número 1 de Ibiza ha desestimado las medidas cautelares pedidas por la Associació Animalista de les Illes Balears (Aassaib) para retirar los cadáveres de las cabras de Es Vedrà y recoger las que aún siguen con vida, según ha informado este viernes la asociación en un comunicado.
Tras la eliminación de las cabras llevada a cabo en febrero por el Govern balear, la asociación había pedido estas medidas cautelares, a las que ya se había opuesto la Fiscalía «habida cuenta la peligrosidad que ello conllevaría» para los encargados de la tarea, así como para la salud pública, según argumentó el Ministerio Fiscal.
Ahora también lo rechaza el juzgado, en un auto que será recurrido por la asociación en los tres días que tienen de plazo, según han anunciado.
Entre sus argumentos, los animalistas consideran «increíble» que el juzgado diga que «resulta dudoso» que el exterminio de las cabras pueda calificarse de «caza» y que, en todo caso, del examen de los documentos de las actuaciones y de la legalidad vigente, «se infiere que no existía una prohibición de caza de las mismas».
El auto responde así a una de las denuncias de la asociación, que asegura que con la eliminación de la cabras se ha incurrido en un delito contra la protección de la flora, fauna y animales domésticos, que castiga la caza y pesca de especies no protegidas, cuando está expresamente prohibido, o en determinados supuestos, como carecer del título habilitante.
Los animalistas también critican que el juzgado responda, en relación a que las cabras puedan estar contaminadas, que «es una mera sospecha y que no se ha aportado un informe que lo pueda acreditar».
En este sentido, recuerdan que el acceso al islote «está prohibido», por lo que no pueden analizar el estado de los cadáveres, pero indican que sí se presentó un informe de la Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia (AVATMA) «en el cual se hablaba de la posible contaminación con plomo».
«Es más, dice que habiendo transcurrido un período de tiempo más o menos largo, no se ha observado en las aves y flora, que hubieran estado contaminadas ¿Acaso se ha realizado un estudio que lo atestigüe?», cuestionan los animalistas sobre el auto judicial.
«Si hubiera sido verdad, las medidas adoptadas del exterminio de las cabras hubieran sido desproporcionadas, puesto que las cabras no padecían de enfermedad alguna para poner en peligro la salud pública, en definitiva, no tiene sentido», lamenta la asociación.
Los animalistas, que siguen adelante con la denuncia por prevaricación contra Caterina Amengual, directora general de Espacios Naturales y Biodiversidad y contra Miquel Vericad, conseller de Medio Ambiente, aseguran que confían en la justicia y espera que el recurso prospere.