La Junta de Gobierno ha dado este miércoles por enterada de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears que ha declarado nula la Ordenanza Cívica de Palma, ante lo que ha declarado la vigencia de la ordenanza del botellón de 2011 y de los artículos de otras ordenanzas que se derogaron con la entrada en vigor de la Ordenanza Cívica, que hacen referencia a ámbitos como la limpieza, los excrementos y tenencia de animales domésticos o la publicidad dinámica, entre otros, «para garantizar que no haya ninguna inseguridad jurídica ni vacío legal».
Neus Truyol ha recordado que «a partir de ahora la Policía Local ya tiene normativa y puede actuar en consecuencia» y destacó que hay algunos puntos que todavía se tienen que aclarar si puede haber regulación municipal al respecto, especialmente en el caso del «trile» y que «hay que ver qué soluciones legales podemos dar desde el Ayuntamiento».
La portavoz del equipo de gobierno ha recordado que todavía se está a la espera de la solicitud de reunión con la Delegación del Gobierno, para estudiar la coordinación entre la Policía Local y la Nacional en casos como el 'balconing' o prostitución y afirmó que «queremos la implicación de la Policía Nacional en hacer cumplir la legislación» y que «hay legislación estatal que se debe hacer cumplir».
Con la aplicación de la ordenanza del botellón de 2011 se determinarán las zonas de intervención especial, que deben ser aprobadas por la Junta de Gobierno después de los informes de la Policía Local y de la comisión de seguimiento de la ordenanza, que está formada por las concejalías implicadas, los diferentes partidos políticos con representación municipal, la Federación de Asociaciones de Vecinos y otras entidades.
Zonas declaradas de intervención especial
Las primeras zonas que serán declaradas de intervención especial son toda la Platja de Palma, el paseo marítimo y la zona de la plaza de Gomila, pero se valorará la conveniencia de declarar también otras zonas de la ciudad.
Truyol ha vuelto a reclamar «responsabilidades y explicaciones» al PP por las repercusiones, estos dos últimos años, por la aplicación de una ordenanza que ha sido declarada nula por invadir competencias. «Es grave actuar sin respetar la ley y abusando de los derechos y las libertades de los vecinos y vecinas», ha aseverado.