La Audiencia Provincial de Baleares ha decidido este viernes que la infanta Cristina siga como acusada y será juzgada en el juicio del caso Nóos, al legitimar a Manos Limpias para ejercer la acusación popular en su contra como cooperadora en dos delitos fiscales presuntamente cometidos por su marido, Iñaki Urdangarin. El sindicato pide ocho años de cárcel para la hermana del Rey.
En un auto dictado este viernes , el tribunal provincial ha decidido no aplicar la doctrina Botín y ha desestimado la cuestión previa planteada por la defensa de la Infanta sobre la no legitimidad de Manos Limpias para acusarla en solitario en la primera jornada del juicio por corrupción, que empezó el pasado 11 de enero en la Escuela Balear de la Administración Pública de Palma.
El tribunal ha desestimado la pretensión de la defensa de la Infanta, que había solicitado que anulara parcialmente el auto de apertura de juicio oral y archivara el caso en lo que se refiere a la responsabilidad penal de doña Cristina, una tesis que también apoyaron la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, que ejerce la acusación particular en nombre de Hacienda.
El auto no puede ser recurrido de momento. Las partes interesadas tienen derecho a elevar sus protestas pero las cuestiones previas ya solo pueden plantearse ante el Tribunal Supremo tras la sentencia.
Argumentos de la Audiencia
La Audiencia de Palma considera que el delito contra Hacienda, del que está acusada como cooperadora la infanta Cristina en el caso Nóos, es de naturaleza «difusa» y daña un bien colectivo, por lo que la Agencia Tributaria no es el «único perjudicado» y cabe una acusación popular.
En el auto el tribunal provincial detalla que, como no considera a Hacienda el único y concreto perjudicado por el fraude fiscal, la acusación por parte de la Abogacía del Estado «no colma» la protección del bien presuntamente dañado.
La Audiencia de Palma avala la acción popular que ejerce Manos Limpias y asegura que este tipo de delitos de naturaleza «difusa, colectiva o metaindividual» es el espacio «donde halla su más plena justificación la participación de los ciudadanos en el proceso».
Según el tribunal en el delito de fraude fiscal lo que se lesiona es «el presupuesto necesario para procurar la asignación equitativa de los recursos públicos», algo que compromete la política económica y social que «debe ser garantizada en un Estado Social y democrático de Derecho».
Doctrina Botín
El abogado de la infanta Cristina, Jesús Silva, pidió a la Audiencia que rechazara la legitimación de Manos Limpias para acusarla en el juicio de Nóos, basándose en la doctrina consolidada de los tribunales Supremo y Constitucional y la jurisprudencia sentada por 7 decisiones de audiencias provinciales.
Aseguró que la acción popular no puede sostener la acusación en solitario, como ha fijado el Tribunal Supremo (en 2007 con la llamada doctrina Botín), ha confirmado el Constitucional y, posteriormente, han aplicado hasta en siete decisiones distintas audiencias provinciales desde 2009.
Según Silva, la acción popular protege bienes que poseen intereses difusos y se ejerce cuando no hay acusación particular ni posibilidad de que se persone, algo que no ocurre en el caso Nóos, donde la Abogacía del Estado protege a Hacienda como perjudicado.
El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach, para quien no hay argumentos inculpatorios contra la Infanta, también pidió al tribunal la aplicación de la doctrina Botín por falta de legitimidad de Manos Limpias para acusar en solitario a doña Cristina y suplir al perjudicado que es Hacienda.
Para la abogada del Estado Dolores Ripoll tampoco cabe la acusación popular en delitos fiscales, porque el perjudicado es sólo la administración titular de la capacidad para establecer y recaudar tributos, puesto que el lema «Hacienda somos todos» es meramente publicitario.
Una vez resueltas las cuestiones previas, el juicio del caso Nóos continuará el 9 de febrero a las 9.15 horas, cuando se retomará la vista oral con la declaración de los 18 acusados que seguirán en el banquillo, empezando por el ex director general de Deportes del Govern balear José Luis «Pepote» Ballester.
Las declaraciones de los testigos, alrededor de 370, están previstas entre el 8 de marzo y el 17 de mayo, según el organigrama inicial planteado por el tribunal.