La Oficina Anticorrupción tendrá competencias para vigilar a las empresas concesionarias que trabajan para las administraciones con el objetivo de reforzar los controles públicos sobre las empresas concesionarias.
El Govern ha puesto a información pública el borrador de la ley que regulará esta oficina, que estará en marcha en el primer trimestre de año, si se cumplen las previsiones del Ejecutivo.
El articulado, que se expone al público desde el pasado sábado, establece que la ley afecta a todas las administraciones públicas, lo que incluye al Govern, consells, Parlament y administraciones locales, pero también a la UIB y los contratistas que tengan atribuidas la gestión de servicios públicos, además de las empresas que hayan ganado una concesión pública.
La oficina se encargará de vigilar para evitar posibles prácticas corruptas de los altos cargos.
La exposición al público de esta ley es el primer trámite para que el texto vea la luz. Los ciudadanos y particulares que se consideren afectados podrán presentar las alegaciones que consideren oportunas y el Govern las podrá introducir en el texto definitivo que se presente al Parlament.