El Govern balear ha analizado este viernes el anteproyecto de ley para la creación de la Oficina Anticorrupción, un órgano dependiente del Parlament que podrá investigar por «iniciativa propia» los indicios de fraude en la administración autonómica.
El portavoz del Govern, Marc Pons, ha comparecido tras la reunión del gabinete acompañado por la consellera de Participación, Transparencia y Cultura, Esperança Camps, cuyo departamento es responsable de la elaboración de una norma prevista recogida en los acuerdos de gobernabilidad que firmaron PSIB, MÉS y Podemos.
La Oficina Anticorrupción, que velará por el cumplimiento «de las obligaciones de los gestores públicos» y realizará una «tarea investigadora», es una prueba de la «clara voluntad de gobernar de otra manera» del ejecutivo de izquierdas, ha resaltado Pons.
Camps ha detallado que el órgano de prevención e investigación, que se creará en la primera mitad del año próximo una vez aprobada una ley de la que hoy solo se ha informado, estará dirigido por una persona «de reconocido prestigio» que escogerá el Parlament por una mayoría de tres quintos.
La Oficina Anticorrupción gestionará el registro de declaraciones patrimoniales de todos los cargos públicos, al que podrán sumarse de forma voluntaria sus parejas, vigilará los incrementos de patrimonio anómalos, velará por las buenas prácticas de la administración y aportará a las instancias judiciales los indicios de delito que aprecie en sus actuaciones, ha indicado la consellera.
Encuadrada en la misma estrategia de fomentar la «participación y la transparencia», el Govern ha dado el visto bueno a un borrador de proyecto de modificación de la ley del Consell Consultiu para que ese órgano vele por el cumplimiento de la obligación de facilitar la información requerida por los ciudadanos que tienen todas las administraciones públicas del archipiélago.
De acuerdo a la Ley de Transparencia estatal, que preveía la creación de organismos para arbitrar en los conflictos entre los ciudadanos y las administraciones, el ejecutivo ha optado por atribuir esta función al Consell Consultiu mediante la modificación de la ley que lo regula, que se llevará al Parlament a principios del año próximo.
La ley nacional determina, ha explicado Camps, que «si el ciudadano entiende que no le responden o la respuesta no es adecuada, debe tener un órgano al que acudir» a partir del próximo día 12.
El Govern, que ha optado por el Consell Consultiu por razones presupuestarias y de premura, no renuncia a crear más adelante un organismo específico para garantizar que las administraciones baleares cumplen con la obligación de facilitar la información que les demanden los administrados.