El Govern dejará de gestionar las pensiones no contributivas -que abona el Estado- a partir del 13 de mayo del año próximo si no hay un cambio de actitud por parte del Gobierno central.
Así lo anunciaron este miércoles el vicepresident Biel Barceló y la consellera de Serveis Socials, Fina Santiago, quienes reclaman al Ejecutivo central el pago de más de 1,2 millones de euros correspondientes al déficit de los últimos cuatro años. El Estado debería abonar a la comunidad, al menos, los gastos de personal que se encargan de esta labor y que ascienden a 765.000 euros anuales. Sin embargo, la cantidad que transfiere el Gobierno ha descendido de forma consecutiva desde el año 2011, hasta el punto que en 2015 solo se ha abonado «la ridícula e insultante» cantidad de 3.824 euros.
Santiago explicó que la Conselleria destina 25 trabajadores a la gestión de las pensiones no contributivas, que son las que perciben las personas jubiladas que no han cotizado lo suficiente o bien los discapacitados con una minusvalía superior al 65 %. En total hay unos 8.000 beneficiarios que reciben alrededor de 43 millones anuales.
Estas personas no dejarán de cobrar la prestación, aunque deberán tramitarla en las oficinas de la Administración estatal. En cuanto a los trabajadores de la Comunitat que se dedican a tramitar las pensiones no contributivas, se les asignarán otras tareas, detalló la consellera.