El Govern ha exigido al Imserso que abone el déficit de 1,28 millones que le ha generado por incumplir desde 2011 su obligación de pagar los costes de gestión de las pensiones no contributivas y ha denunciado el convenio que lo regula para que la Administración central asuma su responsabilidad si no paga.
Este año, el ejecutivo central transfirió al Govern balear 3.800 euros para cubrir los costes de un servicio de gestión cifrado, solo en el pago de los salarios de los 25 trabajadores que lo llevan a cabo, en 765.000 euros, ha explicado la consellera de Servicios Sociales, Fina Santiago.
En Baleares hay unos 4.500 mayores de 65 años sin suficiente tiempo de cotización a la Seguridad Social y unos 3.200 dependientes con más de un 65 % de discapacidad que perciben del Imserso un total de 43 millones de euros anuales en concepto de pensiones no contributivas por jubilación e invalidez.
Santiago, que se ha mostrado dispuesta a negociar con un próximo Gobierno, ha subrayado que la percepción de las pensiones por parte de los beneficiarios está garantizada, aunque si no se alcanza antes un acuerdo a partir del 13 de mayo de 2016 la gestión correrá a cargo de los servicios de la Administración central radicados en las islas.
La consellera ha detallado que en 2011 la aportación del Imserso para afrontar los costes de la gestión se redujo a 368.000 euros, en 2012 y 2013 se transfirieron sendas partidas de 161.000 euros, en 2014 fueron 57.000 y para este año los citados 3.800 euros, con lo que se ha acumulado un déficit de 1,28 millones solo para hacer frente a los sueldos del personal.
El Govern se ha dirigido al Imserso y al Ministerio de Sanidad, del que depende, para denunciar la situación pero no ha obtenido ninguna solución más allá de dejar el cumplimiento del compromiso a expensas de posibles mejoras en futuros presupuestos.
La denuncia del convenio se formalizó el 13 de noviembre, por lo que de no resolverse antes quedará anulado en seis meses, el mismo día de mayo, cuando los beneficiarios tendrán que dirigirse para la gestión de sus pensiones no contributivas a las oficinas de la Administración Periférica del Estado, ha explicado Santiago.
El vicepresidente del Govern, Biel Barceló, ha incidido en que este es «otro caso clarísimo de maltrato del Estado a las Islas Baleares».
Barceló se ha quejado de que, pese a la «ridícula cantidad de 3.800 euros» trasferida para este año y a los incumplimientos de los ejercicios precedentes, el Govern del PP no «movió ni un papel» para reclamar lo que le correspondía.
«No podemos permitir que se rían de nosotros», ha insistido el vicepresidente, para quien esta situación se añade al «agravio» de la mala financiación que sufre Baleares pese a lo mucho que aporta a las arcas estatales.