El que fuera letrado jefe del Servei Balear de Salut (Ib-Salut), Javier Vázquez, quien declaró como testigo ante el juez José Castro a raíz del presunto amaño en la adjudicación de Son Espases, manifestó que cuando salió en prensa que OHL se postulaba como la empresa ganadora pese a ser la oferta más cara, le dijeron que la orden «venía de arriba, del 'Number One'», en alusión al expresidente del Govern Jaume Matas.
En su declaración, Vázquez recordó que fue el exgerente del Ib-Salut Sergio Bertrán quien «me dejó claro que era del presidente de la Comunidad la decisión de suspender el proceso en ese momento», lo que a su juicio «me parecía un error, porque creo que era alimentar un monstruo».
«Yo hasta entonces no albergaba la mínima sospecha sobre el proceso, es decir, me pareció que todo había transcurrido con normalidad conforme a los trámites ordinarios de una mesa de contratación o de un proceso selectivo», apostilló Vázquez, quien recordó que la exconsellera de Salud Aina Castillo remitió una carta a la mesa en la que aconsejaba solicitar un informe al Consell Consultiu, lo que en su opinión «no tenía ningún sentido».
«¿Y la duda surgió en cuatro días? El 21 de julio de 2006 iban a adjudicar a OHL, ¿y cuatro o cinco días más tarde, porque la prensa dice una cosa, ya se pone en duda?», terció Castro en ese instante del interrogatorio, a lo que Vázquez se limitó a responder de forma afirmativa. «Pedir un informe al Consell Consultiu me pareció innecesario y no procedía», abundó.
Es más, señaló que existiendo dos informes, tanto el que inicialmente daba la mejor puntuación a OHL y el que emitieron varios Colegios Profesionales -tras el que Dragados se llevó la concesión definitiva-, «tenía claro que no sabía cuál de las dos empresas era la mejor oferta y, por tanto, entendía que no debía votar a favor de ninguna de las dos».
De hecho, cuando le pasaron un acta en la que ya había varias firmas estampadas y en la que constaba que la mesa acordaba adjudicar las obras a Dragados, advirtió de la que no la iba a rubricar en esos términos «porque no era lo acordado». «Yo no la firmé y no se cambió el acta», incidió.
En su opinión, ese documento «no se correspondía con la realidad». Al ser preguntado por el fiscal anticorrupción Pedro Horrach sobre si cree que era legal pedir varios informes distintos a varias empresas distintas, el testigo aseveró que «hay un artículo seguro en la Ley de Contratos de la Administración Pública» que así lo ampara, aspecto que el fiscal acabó rebatiéndole. «Desde luego esto no viene en la Ley de Contratación», le espetó Horrach.