El Grupo de Ornitología Balear (GOB) y Defensa de la Naturaleza ha reclamado este viernes al Govern «acciones políticas inmediatas y valientes», en defensa del territorio y del medioambiente de las Illes Balears.
El GOB se ha reunido por primera vez en esta legislatura con la presidenta balear, Francina Armengol.
En el Consolat de Mar, sede del ejecutivo, los ecologistas han trasladado a la presidenta su preocupación ante «la ausencia» en la acción política de gobierno de los primeros cien días, de los aspectos urgentes y claves relativos a territorio y medio ambiente.
«Una urgencia -señala el GOB en un comunicado- que viene motivada por el panorama normativo de desregulación territorial impulsado por el Gobierno Bauzá, que dejó a merced de los grandes intereses y de la especulación el territorio y que desmanteló la gestión de los espacios naturales».
El GOB ha insistido en el impulso de la iniciativa legislativa popular en defensa del territorio junto con la revisión urgente de las leyes más «perversas» impulsadas por el gobierno Bauzá y ha presentado a la presidenta sus propuestas, hechas a nivel de todas las islas, de revisión derogación de los artículos más desreguladores en materia territorial de las diferentes leyes impulsadas o modificadas por el expresidente José Bauzá.
La ley del suelo, ley de medidas urgentes, ley de suelo rústico, la ley del turismo, ley de impacto ambiental, ley minera, ley agraria y ley de puertos son las leyes con implicaciones más graves sobre el futuro del territorio, subraya el GOB.
También se ha abordado la necesidad de impulsar una ley de residuos dentro del próximo año 2016 para que la importación de residuos, ahora paralizada en relación a cargamentos previstos para este 2015, sea paralizada definitivamente.
Por otra parte, se ha abordado la necesidad de impulsar la gestión de los espacios naturales protegidos y la ampliación de territorio natural protegido, con nuevos parques y áreas de protección, así como dotar de herramientas de planificación y gestión de los espacios ya existentes, con el fin de asegurar que la biodiversidad se convierta en un eje estratégico de la acción de Gobierno.
Finalmente, se ha hablado del impuesto turístico y el GOB ha insistido en que debe destinarse a actuaciones de mejora medioambiental, «una cuestión estratégica para la economía y sociedad que ha sufrido y sufre un déficit crónico y grave de inversión».