Los servicios jurídicos de Més per Mallorca estudian la posibilidad de emprender medidas legales por denuncia falsa contra el exgerente de Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM), José Ramón Orta, después de que la jueza de Instrucción número 5 de Palma, Ana San José, haya archivado el llamado caso SFM.
El exdirector de Movilidad en la legislatura 2007-2011, Antoni Verger, que fue imputado por esta causa, ha anunciado este viernes en una rueda de prensa que emprenderán medidas legales si la letrada de la formación política determina «que tiene posibilidades de prosperar una denuncia en este sentido».
Verger ha asegurado que la denuncia de presuntas irregularidades en la compra de unidades de tren le perjudicó a él y «el buen nombre» de todas las personas que se han visto relacionadas «con una serie de acusaciones que finalmente se ha demostrado que son falsas» y ha añadido que el archivo demuestra «que la denuncia del PP no tenía fundamento, fue hecha con mala fe y solo para atacar e intentar desprestigiar a adversarios políticos».
Después de que se haya decretado el archivo de la causa por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y malversación, el exconseller de Movilidad y Ordenación del Territorio, Gabriel Vicens, también imputado, ha destacado que la jueza ha dejado claro que «no consta que se causara ningún tipo de perjuicio a la Administración» por la compra de trenes por 75 millones de euros en 2008 y 2009 que fue cuestionada.
Vicens ha señalado que la denuncia «era tan descabellada» que se dirigió a todo el consejo de administración de SFM que decidió la compra e incluso afectaba «a los propios servicios jurídicos de la Conselleria».