La fiscal anticorrupción Ana Lamas ha dirigido un escrito a la titular del Juzgado de Instrucción 5 de Palma, Ana San José, en la que le insta a «no prorrogar más» las diligencias del 'caso Trenes' «con el perjuicio que ello puede ocasionar», subraya.
La denuncia que dio origen al ‘caso Trenes’ fue presentada en 2014 ante la Fiscalía de Balears por el exgerente del Servei Ferroviari de Mallorca (SFM), José Ramón Orta.
La fiscal pide el sobresimiento de la causa «al no constar acreditados los hechos que dieron lugar (a las diligencias)».
«No consta que la decisión de comprar los trenes fuera prevaricadora, (manifiestamente arbitraria e injusta) ni malversadora», precisa la fiscal.
Orta llevó ante la jueza la adquisición en la legislatura del Pacte de Progrés de varias unidades de tren eléctrico sin concurso público y mediante contrato por dependencia técnica.
El consejo de administración de SFM presidido por Gabriel Vicens acordó el 31 de julio de 2008 la compra de varias unidades de tren para la línea Palma-Inca que llegaron a Mallorca a partir de 2011.
La jueza acordó, en su momento, la imputación del entonces portavoz de MÉS en Palma, Antoni Verger, y del exconseller de Mobilitat, Gabriel Vicens.
Verger tuvo que renunciar a postularse como candidato de MÉS a la Alcaldía de Palma debido a su condición de querellado.