Los sindicatos STEI-i, USO, CCOO, UGT y CSI-F, que representan a la totalidad de delegados de la Junta de Personal de Servicios Generales y los órganos de representación de los funcionarios del Govern, han rechazado «totalmente» que el Ejecutivo autonómico «no garantice» el pago de la carrera profesional.
«La carrera profesional es una línea roja intocable», abundan en un comunicado, en el que exigen al Govern que «respete y cumpla la Ley» y advierten de que, si no se abonan los complementos comprometidos, adoptarán diversas medidas «en defensa de los derechos de los trabajadores».
En este contexto, las entidades sindicales recuerdan a la Administración la máxima 'pacta sunt servanda': «el Govern está obligado a cumplir el acuerdo firmado», recordando que hace siete años que éste se encuentra aparcado.
De hecho, afirman que en octubre del pasado año debían comenzar a percibir el 25 por ciento de las cuantías correspondientes, lo que contrasta con el hecho de que los empleados públicos, «durante estos últimos siete años, hemos sufrido un incremento desmedido de carga de trabajo».
Es más, recalcan que el horario se ha incrementado en dos horas y media semanales, la tasa de reposición ha sido la más baja de todos los funcionarios y las islas se han situado a la cola del Estado en empleados públicos, con 48 por cada 1.000 habitantes.
«Mientras tanto, hemos perdido poder adquisitivo a marchas forzadas y nos mantienen congelada otra partida de incrementos retributivos, como la homologación de los complementos específicos», añaden los sindicatos, que aseveran que «el escenario que abre la consellera Catalina Cladera es calcado al que se produjo hace siete años con Carles Manera, legislatura en la que se produjeron las mayores movilizaciones de empleados públicos del Govern».