El buzón de lucha contra el fraude laboral y a la Seguridad Social ha aflorado 4.181 empleos sumergidos desde su puesta en marcha el 5 de agosto de 2013, 175 de ellos en Balears, según el Ministerio de Empleo, que precisa que sólo en el último año han aflorado 2.589 de estos empleos, un 62,6% más que en el año anterior.
Desde agosto de 2013 se han liquidado cuotas a la Seguridad Social por valor de 4,6 millones -de 99.711 euros en Balears- y se ha sancionado a las empresas infractoras con multas cuyo importe total es de 12,7 millones de euros, algo más de medio millón en la región (632.729 euros).
Estos resultados son fruto de 20.494 actuaciones llevadas a cabo por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de las que se han resuelto ya 13.012, de ellas 524 en las Islas.
Por comunidades autónomas, las que presentan mayor número de empleos aflorados son Andalucía (924 empleos), seguida de la Comunidad de Madrid (756), Comunidad Valenciana (441), Cataluña (337), Canarias (282), Castilla-La Mancha (274), Castilla y León (223), Balears (175), Murcia (123), Galicia (117), Asturias (114), Extremadura (107) y País Vasco (106). Por debajo de los 100 empleos aflorados se encuentran Cantabria (82), Aragón (76), Navarra (20), La Rioja (16), Ceuta (6) y Melilla (2).
¿Cómo funciona?
A través del buzón habilitado en la página web del Ministerio, los ciudadanos pueden notificar las conductas fraudulentas en el ámbito laboral para que sean objeto de análisis y, en su caso, de investigación por la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social.
Una vez analizadas las comunicaciones, la información de que se dispone se incorpora a la actividad planificada de la Inspección, salvo en aquellos casos en que por razones de urgencia o gravedad se estime necesaria su realización inmediata.
Asimismo, en el buzón se pueden presentar por vía telemática denuncias por los trabajadores que sean víctimas de prácticas de fraude laboral y a la Seguridad Social en las mismas condiciones en las que se realiza por vía presencial. La Inspección tiene el deber absoluto de reserva sobre la identidad del denunciante.