Una veintena de alcaldes y antiguos cargos municipales de la Isla desfilarán a partir del lunes por la Audiencia Provincial en el juicio del ‘caso Cloaca'.
Los cinco acusados tendrán que declarar sobre la existencia de 4.300 sillas de resina blanca que compró el Consell Insular y que las acusaciones sostienen que nunca se llegaron a adquirir ni a servir.
En el banquillo de los acusados se sientan la exsecretaria técnica de Cooperación Local del Consell, Coloma Castañer, la exconsellera Catalina Julve y tres empresarios: Simón Galmés, César García y Miguel Rullán. La Fiscalía reclama siete años de cárcel para los tres primeros y de cuatro para García y Rullán.
La acusación se centra en dos contratos: el que sirvió para adquirir las sillas en el año 2006 y en la adjudicación a la empresa Ses Nostres Eines del control de la recogida selectiva de basuras. Durante la instrucción se archivó el grueso de la causa que afectaba a éste último.
Según la Fiscalía, los acusados se concertaron entre ellos para beneficiar económicamente a los tres empresarios. Así, sostiene que se realizaron dos contratos negociados sin publicidad en años sucesivos. En ambos se compraban 2.150 sillas. El primero lo consiguieron dos de los acusados. En el segundo, éstos se retiraron. En total fueron casi 60.000 euros los invertidos en las sillas.
A propósito de la contratación de la empresa que controlaba la recogida selectiva, la acusación mantiene que se impuso a las adjudicatarias del servicio a la compañía de Galmés y que luego se repercutió el coste del servicio al Consell. De esta forma sostiene que se produjo un perjuicio a las arcas públicas de más de medio millón de euros, cantidad que reclama como responsabilidad civil a los cinco acusados.