Los directores de tres institutos de Mahón han presentado hoy una querella por presunta prevaricación contra tres responsables de la Conselleria de Educació por mantener durante 14 meses expedientes disciplinarios en su contra vinculados a la implantación del Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL).
La querella se dirige contra el director de Planificación, Infraestructuras educativas y Recursos Humanos, Bartolomé Isern; el entonces secretario autonómico de Educació, Cultura y Universitats, Guillem Estarellas; y el inspector de educación que instruyó los procedimientos, José Ramón Mestre, aunque puede ser ampliada a más personas durante la tramitación, según ha explicado una de las querellantes a las puertas de los Juzgados de Palma.
Educació abrió los expedientes disciplinarios a los tres directores el 31 de julio de 2013, cuando habían transcurrido 24 horas desde que comunicaran la decisión adoptada por los consejos escolares y las comisiones de coordinación pedagógica de sus centros que se negaban a modificar el proyecto TIL que ya tenían aprobado.
En los expedientes se acusaba a los directores de los tres institutos de Mahón de falta de obediencia a las órdenes de un superior, se calificaba su conducta de muy grave y se ordenaban medidas cautelares. Según los docentes, los expedientes los firmaba una persona que actuaba como sustituta de otra y que no se identificaba.
Se archivaron el 2 de octubre de 2014 por falta de tipificación de la conducta de los directores, y habían regresado a sus puestos en febrero, pese a que desde el inicio del proceso, los docentes criticaban el proceso por ser irregular.
«Estuvimos 14 meses con el expediente abierto y suspendidos de función directiva 6 meses que es el máximo que la ley permite, para acabar después con una propuesta de sanción de 15 días y con el archivo de los expedientes porque al cabo de 14 meses se comprobó que no había conductas sancionables», ha explicado la directora del instituto Joan Ramis i Ramis de Mahón, Marga Seguí.
Ha recordado que durante dos meses estuvieron suspendidos de empleo y sueldo, unas medidas cautelares que consideran «absolutamente desproporcionadas y nada frecuentes».
«Entendemos que se lesionaron nuestros derechos fundamentales y que hay que sentar un precedente jurídico para que no se pueda volver a proceder de este modo contra un director, contra un profesor o contra un funcionario», ha reclamado Seguí.
La docente considera que la forma de proceder de la Conselleria de Educación fue incorrecta porque «no se puede abrir un expediente sin un informe previo de la Inspección, sin pedir documentación al centro, en 24 horas y además tener 7 meses el expediente parado sin hacer ningún trámite como reconoció la propia consellera», Núria Riera, tras sustituir en el cargo a Joana Maria Camps.
Los tres directores consideran que la instrucción de los procedimientos les causó indefensión y que no fue «transparente ni imparcial».
Entre las irregularidades que piden que sean investigadas figura que, pasado un tiempo, el instructor modificó los hechos y la cualificación de la falta, al mismo tiempo que alargaba la suspensión de las funciones directivas, según han detallado los directores en una nota conjunta.
La querella es por presunta prevaricación, abuso de poder e indefensión, por las irregularidades en la tramitación de los expedientes.