Los tres directores de Maó sancionados por la Conselleria d'Educació por negarse a aplicar el Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL) han criticado que los expedientes disciplinarios se están tramitando de una manera «irregular», alargándolos «consciente y premeditadamente».
«Los expedientes no tienen ningún recorrido jurídico, aspecto que evidentemente no preocupa a los responsables políticos de la Conselleria, sabedores de que para cuando los tribunales se pronuncien, ellos ya no ocuparán sus cargos actuales, y las eventuales responsabilidades económicas o políticas ya no les afectarán», han manifestado a través de un comunicado.
Jaume Bonet, Marga Seguí y Rafel Andreu han asegurado que el objetivo ha sido «sembrar el terror» en el seno de la comunidad educativa, en paralelo con otras medidas como la amenaza de «elaborar listas negras y las coacciones a las familias».
En esta línea, también han considerado «sospechoso» que el secretario autonómico Guillermo Estarellas sea el superior jerárquico del inspector que instruye el caso.
Notificaciones
Los directores han realizado esta valoración tras recibir las nuevas notificaciones procedentes de la Conselleria sobre la situación actual de los expedientes disciplinarios que, según subrayan, «cambian los hechos presuntamente imputados y la calificación de los mismos».
«Esta notificación no es ni respuesta a ninguno de los recursos o alegaciones presentados hasta la fecha, ni avanza ningún paso en absoluto hacia la resolución de los expedientes. Todo lo contrario, en cierta medida vuelve a partir de cero y de una manera totalmente irregular», han remarcado.
En este sentido, han asegurado que ahora se les acusa de votar en el consejo escolar en contra del proyecto del Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL) y se les responsabiliza de que el consejo escolar rechazara su modificación.
«Al iniciarse los expedientes el 1 de agosto, no se decía nada de todo esto, sino que hablaba tan sólo de la respuesta escrita que se había dirigido al secretario autonómico en la cual se le informaba de la no aprobación de la propuesta del equipo directivo por parte de la Comisión Pedagógica y el consejo Escolar. Ahora se introducen unas «conductas» nuevas para sancionarnos», han lamentado
Asimismo, han remarcado que en el expediente abierto el 1 de agosto se hablaba de falta muy grave, por la cual podían ser sancionados hasta con seis años de suspensión de funciones, mientras que ahora se ha rebajado a falta grave o leve, siendo la sanción máxima un año de suspensión.
«Esto prueba que los expedientes se abrieron a la ligera, de manera desproporcionada y sin un conocimiento previo de lo que había sucedido en los centros. Es decir, que no deberían haberse abierto, y ahora la Consejería busca cualquier cosa para salir airosa», han apuntado.
«PREVARICACION MAYUSCULA»
Del mismo modo, han destacado que el hecho de que la Conselleria pretenda sancionar a los directores de los centros por las votaciones en los consejos escolares resulta «una prevaricación mayúscula», puesto que se ha constatado y está demostrado que otros directores votaron en contra.
Por otra parte, han apuntado que la Consejería, a través de estas sanciones, pretende «condicionar, coaccionar y coartar la libertad del voto de los directores en los consejos escolares».
«Esto supone un atentado contra la libertad de expresión, la libertad profesional y de criterio pedagógico. Además, es totalmente antidemocrático, incompatible con un Estado de Derecho e incluso inconstitucional», han censurado.
Finalmente, han indicado que desde un punto de vista práctico, en caso de mantener la Consejería esta postura, «debería hacerla extensiva a todos los profesores de miembros de los consejos escolares de toda Baleares que votaron en contra de los proyectos TIL modificados».