El Parlament ha aprobado este martes por asentimiento la ley de derechos y garantías en el proceso de morir, que será de aplicación en todos los centros de salud y sociosanitarios públicos y privados de las Illes Balears, y no supone en ningún caso la aplicación de la eutanasia.
La ley parte de una iniciativa del PSIB-PSOE, y tras un proceso de negociación todos los grupos han llegaron a un acuerdo con el fin de proteger la dignidad de la persona en el proceso que le conduce a la muerte, asegurar la autonomía de los pacientes y respetar su última voluntad reflejada en el denominado «testamento vital».
Según ha defendido en el pleno del Parlament el diputado socialista Vicenç Thomàs, esta ley se ha debatido durante más de un año entre todos los grupos parlamentarios con «sensibilidad».
Ha explicado que la norma regula el ejercicio del derecho de las personas a morir, los deberes de los sanitarios con los pacientes y las garantías que deben ofrecer las instituciones socio sanitarias para que se puedan garantizar estos derechos.
Ha destacado la importancia de que esta ley se apruebe con el consenso de todos los grupos y los diputados no adscritos, y ha agradecido las aportaciones de la sociedad civil a la normativa.
Por su parte el diputado del PP Vicent Serra ha expresado su agradecimiento a todos los profesionales que se dedican a ayudar a las personas a morir, y «el espíritu de consenso» que ha tenido la ley.
Serra ha detallado que esta normativa se desarrolla bajo el marco de las leyes europea, nacional y autonómica sobre este asunto, por lo que era necesario aprobarla de una vez.
Ha aclarado que la misma «no regula la eutanasia -que corresponde a la legislación nacional- sino la atención al proceso de morir, que es completamente diferente».
La diputada de MÉS Fina Santiago ha felicitado al Parlament por la capacidad de sus diputados de aprobar esta ley por unanimidad y ha recordado que la normativa regula lo que en Mallorca se llama «una buena muerte».
Esta muerte es aquella en la que se evite en lo posible el padecimiento físico para que se pueda morir «de una forma serena y con la compañía de las personas que quiere», ha precisado.
«Esta ley habla de que se garantice esta situación, el derecho a morir con profesionales expertos que lo acompañen, que sean respetuosos con su espiritualidad, creencias y religión», ha indicado Santiago.
El principio básico de esta futura ley pretende el reconocimiento de los derechos de los pacientes en la fase terminal de su vida, como conocer su estado de salud o bien rechazar tal información, el consentimiento informado si es su voluntad, que las instituciones y profesionales asuman los valores y creencias de los enfermos, y conocer quién es el representante legal en caso de incapacidad.
También se regula el derecho del paciente o de su representante legal a rechazar la aplicación de un tratamiento y el derecho de consentimiento informado.
Además, se concretan cuáles son los deberes de los profesionales sanitarios y las garantías que deben ofrecer las instituciones sanitarias y sociosanitarias.
Otras comunidades autónomas ya cuentan con una legislación de estas características.