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Sa Casa Llarga continuará ocupada hasta su desalojo

Directivos de Can Gazà ayudan a Jaume Santandreu a desprenderse de la cadena a la que se había atado en protesta por tener que desalojar Sa Casa Llarga. | Mónica González

| Palma |

Jaume Santandreu ha puesto fin a su encadenamiento en sa Casa Llarga, finca particular que ha sido reclamada por la propiedad después de su cesión durante unos años para la atención a las actividades en favor de las personas en exclusión social y marginación que desarrolla el sacerdote y activista. Sin embargo, la finca, cuya devolución ha sido reclamada por la familia Feliu, quienes ya han emprendido acciones legales para recuperarla, continuará ocupada hasta su desalojo por orden juidical o por la policía, según ha anunciado Santandreu este miércoles.

Catalina Cirer, la consellera de Benestat Social del Consell de Mallorca y presidenta del Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), ha estado presente en el acto en el cual Santandreu ha abandonado su protesta y ha afirmado que el Consell fijará un nuevo convenio con Can Gazá, institución dirigida por el activista, para contribuir en el pago del alquiler de una nave a la que se prevé trasladar los talleres que actualmente se realizan en sa Casa Llarga, una vez desalojada la finca.

Según han explicado los presentes, entre los que estaban el presidente de Can Gazà, Jaume Mateu, además de Santandreu y Cirer, «estamos negociando el alquiler de una nave de unos 1.100 m2 en el polígono de Can Valero con un altillo de otros 400 m2 que es perfecta para alojar los talleres; esperamos tener algo cerrado en los próximos 15 días». Por su parte, Cirer ha señalado que Can Gazà ya recibe una ayuda de 32.000 euros para la atención a personas en exclusión social, pero que «se firmará un nuevo convenio específico para los talleres de muebles y recuperación de ropa por el que el Consell colaborará en pagar parte del alquiler», aunque no ha especificado cuál será la aportación.

Gracias a este compromiso, Jaume Santandreu ha puesto fin a su protesta, después de permanecer seis días atado por el cuello con una cadena de 50 metros de longitud «en defensa de la dignidad de los pobres», acción que puso en marcha como protesta por tener que devolver la gestión de la finca Sa Casa Llarga a sus propietarios.

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