El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha dictado un auto en el que, a partir del escrito recibido este jueves del Ministerio fiscal, abre una nueva pieza del caso Palma Arena, la número 28, para investigar una presunta financiación ilegal del Partido Popular de Balears.
Además, y por esta causa, cita a declarar como testigo, el día 24 de febrero a las 10.30 horas, a Javier Rodrigo de Santos.
Auto
Castro explica en el auto que ha recibido un escrito de la Fiscalía Anticorrupción informándole de que en una investigación sobre la presunta manipulación del concurso para la adjudicación de la construcción, mantenimiento y explotación del hospital de Son Espases, De Santos declaró que la compra y la reforma de la sede del PP de Baleares podrían haberla financiado empresarios que fueron adjudicatarios de contratos públicos.
En esas manifestaciones incidió posteriormente el extesorero del PP nacional, Luis Bárcenas, en una comparecencia por videoconferencia desde la prisión de Soto del Real ante la comisión del Parlament balear que investiga todo lo relacionado con la adjudicación y ejecución de las obras del centro sanitario.
En el auto, Castro añade que en el marco del caso Palma Arena ya ha investigado «la existencia de una doble contabilidad» en el PP, «en tanto se habrían abonado con dinero fiscalmente opaco determinados gastos de la campaña de las elecciones municipales, autonómicas y a los consells celebradas el 27 de mayo de 2007».
El magistrado recuerda que dichas investigaciones dieron lugar a la apertura de la pieza separada número 4 del caso Palma Arena, cuya instrucción dio por terminada en diciembre de 2013; y también a otra pieza, la número 27, denominada caso Over, relativa a las contrataciones públicas de las que se benefició la empresa Over Marketing.
Castro considera que las declaraciones de De Santos que le ha enviado la Fiscalía Anticorrupción «con independencia del resultado al que pudieran abocar, contienen imputaciones respecto de una posible financiación ilegal del Partido Popular de Baleares».
Esas imputaciones se podrían relacionar con contratos públicos que podrían haber sido adjudicados a «los benefactores» del partido y «constituirían delito» por lo que Castro considera que requieren de una investigación «tanto para descartarlas como para confirmarlas».
Al ser asuntos que guardan analogía con los que ya está investigando, Castro considera que es procedente extender la instrucción en el marco de una nueva pieza separada, la número 28, que titula «De la presunta financiación ilegal del Partido Popular de les Illes Balears».
Otras declaraciones
Además de citar a De Santos a declarar como testigo el día 24, Castro ha acordado unir a la pieza las declaraciones anteriores del caso Palma Arena prestadas en sede policial y judicial por el constructor Juan Serra (en 2009 y 2010) y por el dueño de la empresa Over Marketing, Daniel Mercado, (en 2012).
Serra, que realizó las obras de rehabilitación del palacete que el ex presidente balear Jaume Matas compró en Palma, declaró que por la reforma cobró 70.000 euros en metálico y el resto «en negro» de manos del cuñado de Matas Fernando Areal, que entonces era gerente del PP.
Por su parte Mercado declaró ante Castro que pactó con el expresidente balear Jaume Matas cobrar parte de los gastos de la campaña electoral que hizo para el PP balear con contratos públicos del Govern de las islas y otra parte «en negro».
Estos testimonios se sumarían al de De Santos, así como a la comparecencia de Bárcenas ante el Parlament balear el pasado 22 de enero, donde se refirió a la financiación de la sede del PP balear y detalló que desde el partido nacional «se pidieron aportaciones a una serie de empresarios» y varios las realizaron.
«Creo que entre ellos había uno pontevedrés, Antonio Pinal, que contribuyó entre otros empresarios en echar una mano para comprar esa sede», dijo Bárcenas, quien negó que hubiera relación entre esas aportaciones y adjudicaciones públicas.