La propiedad de sa Casa Llarga, la familia Feliu Fernández, indicó este miércoles que «en vista de la actitud renuente» de Jaume Santandreu a desalojar la finca el próximo sábado «y cumplir así el compromiso contraído», se ve «obligada, contrariamente a sus deseos iniciales, a emprender las acciones judiciales oportunas con el fin de recuperar la posesión».
Ante el «alboroto» levantado tras el anuncio del exsacerdote y responsable del Institut Contra la Exclusió Social de Can Gazà de encadenarse este jueves en la propiedad con el fin de evitar el desalojo, la familia propietaria quiso recordar, a través de un comunicado, que «la cesión gratuita, desde hace seis años, pactada por escrito acaba el próximo 14 de febrero» y que «la finalización del plazo fue recordada vía telefónica en marzo de 2014 y expresada entonces la voluntad de la familia de no prolongar la cesión». Se añadió que a finales del pasado mes de noviembre fue «comunicada de forma fehaciente» de nuevo la fecha del fin de la cesión, «obteniendo como respuesta vía burofax un manifiesto firmado por el señor Jaume Santandreu titulado ‘Documento de batalla por sa Casa Llarga', cuyo tono de ninguna manera responde a la buena fe en que se cedió inicialmente». Por último, la semana pasada se volvió a notificar, vía burofax, la fecha límite para dejar la posesión. En esta última ocasión se instaba a Santandreu a decir a qué hora devolvería las llaves, «algo a lo que no ha contestado», afirmó el abogado que representa a los propietarios, Antoni Arbona.
La decisión tomada por la familia, prosigue el comunicado, «no deja a nadie en la calle, ya que actualmente el uso que se le da a la casa no es el de acogida de marginados».
Con esta nota, la propiedad quiere «dejar claro ante la opinión pública que no se trata de ninguna resolución ni rescisión contractual, simplemente que ha llegado el fin de la cesión, sin que la familia quiera entrar en ningún debate mediático».