La comisión no permanente del Ajuntament de Palma sobre el viejo campo de fútbol Lluís Sitjar ha ratificado este martes por unanimidad que los futuros terrenos del estadio de fútbol pasen a ser de titularidad pública.
El teniente de alcalde de Urbanismo y Vivienda, Jesús Valls, ha informado este martes de que esta omisión ha aprobado con el apoyo de todos los grupos políticos municipales de Cort que el avance el futuro Plan General de Ordenación Urbana de Palma (PGOU) contemple que los terrenos pasen a ser de titularidad pública, calificándolos como espacio libre público y ampliando así la superficie de la Falça Verda.
Valls ha señalado que las obras de demolición del Lluis Sitjar «se están cumpliendo en ritmo, plazo y precio establecidos», por lo que en abril podrían concluir las obras de demolición del estadio, que se prevé que generen unos 6.000 metros cúbicos de escombros.
En relación con la posibilidad de proceder a realizar una permuta de los terrenos, el teniente de alcalde de Urbanismo ha adelantado que ya ha mantenido contactos con la actual directiva del RDC Mallorca, que entiende que la mejor solución pasaba por la demolición del viejo estadio.
A partir de aquí se podría analizar la posibilidad de que, mediante un sistema de gestión urbanística, se ejecute un cambio sobre la titularidad de valor por valor, en referencia a los terrenos del Lluis Sitjar por un lado y los de Son Moix por otro, ha comentado el responsable municipal.
De todos modos, sobre este asunto se debe escuchar la voz del Mallorca, que dispone del 32,5 % de la propiedad de los terrenos, y también de los 427 copropietarios que disponen de 666 títulos de propiedad.
Casino
Por otra parte, el gerente de Urbanismo, Fernando González, ha explicado el acuerdo unánime de la Gerencia de Urbanismo de denegar la licencia de instalación al Casino Teatro Balear.
González ha recordado que se ha denegado la licencia de instalación por aplicación de la normativa del vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), donde la llamada ordenanza de Usos del Centro Histórico es parte integrante de su regulación.
La misma establece que no se puede instalar un casino con una superficie superior a los 300 metros cuadrados, mientras que el proyecto presentado tiene una superficie solo de acceso público de 1.400 metros.
El gerente ha añadido que el peticionario también pretendía obtener la licencia por aplicación de lo que interpretaba como silencio positivo. Sin embargo, una sentencia del Tribunal Supremo de 2009 sobre la interpretación de este silencio, señala que no es posible adquirir por silencio una licencia en contra de la normativa urbanística.
Valls ha ratificado las declaraciones del gerente de Urbanismo al añadir que «la actitud contraria a la denegación hubiera constituido en sí una resolución injusta a sabiendas» resaltando que «en todo momento, la propiedad del casino conocía los informes técnicos que constaban el incumplimiento del proyecto».