MÉS ha denunciado este lunes que la UTE del Hospital Son Espases cobra facturas «desorbitadas» por determinados servicios por lo que ha anunciado que registrará una proposición para que se inste al Govern a modificar el contrato de ésta para que «está obligada a poner precios de mercado».
Así se ha pronunciado la portavoz adjunta de los econacionalistas en el Parlament, Fina Santiago, quien ha asegurado que los precios que se cobran son «un abuso y no se pueden permitir» y ha añadido que desconoce si esta situación se producía también durante la pasada legislatura aunque cree que sí pese a que de esa época no tiene facturas al respecto.
Santiago ha explicado que su grupo ha realizado un seguimiento de estas facturas y ha comprobado que la UTE ha emitido facturas al IbSalut por importes de 2.900 euros por cambiar enchufes, ha ejemplificado.
Además, ha señalado que MÉS solicitó presupuesto por las mismas actuaciones que las contempladas en las facturas a otras empresas y comprobó que las cifras eran mucho más bajas, ha explicado antes de pedir la modificación del contrato debido a este «abuso en los precios».
Según ha dicho, la PNL presentada es «sensata» porque no modifica el concurso. «Son 30 años pagando un precio muy alto y conviene saber el origen», ha declarado.
PSIB LAMENTA QUE NO SE HAYA APORTADO LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA A LA COMISIÓN
Sobre este mismo tema, el portavoz adjunto del PSIB en el Parlament, Vicenç Thomàs, ha recordado que los socialistas querían incluir en la comisión de Son Espases la gestión llevada a cabo por el PP desde el año 2001, si bien los 'populares' lo rechazaron «con la aquiescencia de MÉS».
«Desde hace muchos meses pido información y toda me es negada. Nadie sabe cómo está gestionando el PP el hospital, ya que se abría el melón de Son Espases el PSIB pidió que se fiscalizara la gestión», ha recordado.
Thomàs ha dicho también que las facturas a las que hace referencia MES no se incluye entre la documentación remitida al Parlament con motivo de la comisión de Son Espases.
En cuanto a la gestión de esta materia durante la pasada legislatura, el también exconseller de Salut ha explicado que había un sistema de fiscalización de manera que «se hacían penalizaciones en caso de incumplimiento».