La inspección tributaria del Ajuntament de Palma ha hecho aflorar 40 millones de euros de fraude fiscal en lo que va de legislatura, cuantía de la que 2,3 millones corresponde a sanciones, y prevé que afloren otros 6 millones de euros a lo largo de 2015, ha informado el portavoz municipal, Julio Martínez.
La junta de gobierno ha aprobado este martes el plan de inspección tributaria para 2015, con la intención de conseguir la puesta al día en los pagos por parte de los ciudadanos que no hayan abonado correctamente los impuestos de bienes inmuebles, actividades económicas (IAE), construcción, plusvalía municipal y tasas de ocupación y aprovechamiento de terrenos públicos.
El teniente de alcalde de Economía y Hacienda y portavoz municipal ha detallado que el dinero que ha logrado recaudar la inspección tributaria a lo largo de la legislatura asciende a 40 millones y solo en 2014 se han impuesto sanciones por 1,2 millones.
Ha detallado que este fraude no corresponde al impago de impuestos municipales en el período voluntario, sino a casos en los que los ciudadanos no han informado correctamente al Ajuntament y por ejemplo no han abogado la plusvalía si han vendido una propiedad o no han advertido de que una ejecución de obra ha sido más costosa de lo previsto.
Martínez ha indicado que si bien se trata de fraude fiscal, en ocasiones no es intencionado ya que no se siempre ha habido voluntad de ocultación por parte del infractor.
El fraude detectado se corresponde en 11 millones al impuesto de plusvalía, en el de construcción llegaría en la legislatura a 10,2 millones y el tercer tributo donde se han detectado más ciudadanos que no estaban al día es en el pago es la tasa de tratamiento de basura por 8,3 millones de euros.
Martínez ha subrayado que la lucha contra el fraude «es una forma de incrementar los ingresos sin aumentar la presión fiscal».
La junta de gobierno ha dado además el visto bueno a medidas sociales por importe de 2,5 millones de euros, que incluyen los 1,3 millones destinados a la prórroga del servicio de alimentación a domicilio donde se ha eliminado la lista de espera y se atiende a 700 usuarios.
También se han aprobado subvenciones a entidades por unos 350.000 euros, de los que 72.000 irán a Cruz Roja. También se destinarán 300.000 euros a programas contra la pobreza infantil, y se han prorrogado los contratos de los programas Alter y Prise, para prevenir el riesgo de exclusión de jóvenes con problemas y déficit formativos.
La junta de gobierno municipal ha iniciado además la tramitación de las ayudas económicas urgentes de enero, para que estén disponibles desde el 2 de enero los 230.000 euros que corresponden a estas partidas para cubrir necesidades básicas.
También se han aprobado los pliegos para la contratación por 70.000 euros del servicio de asistencia psicológica a víctimas para la Policía Local.
El gobierno municipal también ha ratificado el informe técnico sobre el proyecto de ampliación del Port del Molinar, que no es vinculante pero plantea la necesidad de acometer modificaciones si se quiere llevar adelante.
Según Martínez, el equipo de gobierno asume el posicionamiento de los técnicos municipales de que «se deben estudiar las tres posibles alternativas que se proponen», si bien dicha ampliación no es competencia de Cort sino que está en manos de la Autoridad Portuaria de Balears.
Se aprobado definitivamente una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permitirá el cambio de usos de un edificio catalogado en la barriada de Son Xigala, «para que fuera viable mantenerlo» por su valor patrimonial. Se encuentra en el número 72 de la calle Mussol.
También se ha aprobado un cambio en la urbanización Bellavista de la Platja de Palma, en adaptación a la Ley del Suelo.
Además se han aprobado los pliegos para el alquiler de un local destinado a Palmajove, por 30.000 euros.