La concejala de Bienestar Social e Igualdad del Ayuntamiento de Palma, Aina Ferriol, ha afirmado que ya tiene las 45 sentencias, firmes y favorables al consistorio, del Tribunal Supremo sobre el barrio de Son Banya, aunque aún hay que estudiar las acciones que se emprenderán al respecto.
Para ello, se reunirá con los servicios jurídicos del Patronato de Realojo Son Riera, según un comunicado emitido por el Ayuntamiento.
Las sentencias afectan a 45 familias y 54 barracas -algunas de las familias tienen más de una chabola-, de las que se pueden demoler 20.
Del resto de familias, hay algunas que no tienen vivienda alternativa, otras en las que hay que comprobarlo y otras cuyas chozas ya han sido demolidas.
No obstante, Ferriol ha advertido de que Cort no contaba con la inversión de 310.000 euros para demoler estas 20 barracas en su presupuesto para 2015, a lo que ha añadido que el área de Bienestar Social tiene como prioridad cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos.
Así pues, la concejala ha asegurado que «hacer creer a la gente que por derruir 20 barracas, que son solo el 17 por ciento del total de viviendas del poblado, se va a acabar con la venta de droga, es intentar engañar a los ciudadanos creando una falsa expectativa».
En este sentido, ha calificado de «irresponsabilidad» el contenido de la proposición que ha presentado el Grupo Municipal Socialista hoy en la comisión y ha declarado que sugerir que el equipo de gobierno tiene algún tipo de «connivencia» con personas que ejercen actividades ilícitas es «intolerable».