Los miembros del consejo de administración de Emaya han sido citados a declarar el próximo martes por el juez de instrucción número 6 de Palma, Miguel Florit, por presunta apropiación indebida al ejecutar un aval de Envac, la empresa que instaló la recogida neumática.
El juez ha admitido a trámite una querella presentada por la empresa y ha citado a declarar el martes al teniente alcalde de Infraestructuras y Medio Ambiente y presidente de la Empresa Municipal de Agua y Alcantarillado de Palma (Emaya), Andreu Garau, y a los otros ocho miembros del consejo de administración.
Envac se ha querellado contra el consejo de administración de Emaya por la ejecución de un aval bancario de 240.240 euros el pasado julio, que considera que se le debería haber devuelto a la empresa hace ocho años.
En 1998, las empresas Envac (entonces Centralsug) y Dragados y Construcciones, constituidas en una UTE, resultaron adjudicatarias del proyecto de sistema de recogida neumática de residuos sólidos urbanos de Palma, licitado por Emaya.
Una de las cláusulas del contrato era que debían constituir una fianza por valor del 4 % del importe de adjudicación (cada empresa cubría un 2 %), que debería ser devuelta en el plazo de un mes desde la recepción definitiva de las obras.
Dicha recepción definitiva de las obras del sistema de recogida neumática fue certificada por Emaya el 1 de febrero y el 1 de marzo de 2006, con lo que el aval debería haber sido devuelto en abril de 2006, según la compañía adjudicataria.
La adjudicataria considera que Emaya mantuvo indebidamente en su poder durante ocho años el citado aval y ha presentado la querella porque la empresa municipal decidió ejecutarlo el pasado mes de julio e incorporar la cuantía a su propio patrimonio.
Envac asegura que el contrato de adjudicación explicitaba que dicho aval estaba única y exclusivamente destinado a garantizar responsabilidades de las adjudicatarias (Envac y Urbaser) durante la ejecución de las obras y no guarda ninguna relación con el estado actual de la instalación.
Emaya responsabiliza a las dos empresas de los presuntos daños y perjuicios generados por una serie de deficiencias surgidas en los últimos años, cuando la operación y mantenimiento de la instalación ya era ejecutada directamente por la empresa municipal.
Además de Garau, han sido citados a declarar Jerónimo Saiz, Miguel Payeras, Jordi Llabrés, Miguel Barceló, Andreu Alcover, Carlos Aguilar, Josep Cardona y Neus Truyol.
A su vez Emaya puso una demanda civil contra Envac Iberia y Urbaser el pasado julio, en la que reclama una indemnización de 26,5 millones de euros por daños y perjuicios sufridos, por incumplimientos que imputa a las empresas en relación con el sistema de recogida neumática, que está fuera de servicio y en estado de ruina desde mayo de 2012.