La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha amenazado a la Conselleria de Educació con denunciarla por desobediencia ante la Fiscalía si persiste en su actitud de ignorar sus requerimientos de información sobre la aplicación del Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL).
«Consellera, espero con interés la información», señala Becerril en un añadido manuscrito a la carta que su departamento ha remitido, con fecha de salida del 7 de noviembre, a la titular de la Conselleria de Educación, Núria Riera.
En la misiva, que ha hecho pública la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Mallorca (FAPA), la Defensora del Pueblo recuerda a Riera que el pasado 14 de febrero solicitó la ampliación de la información que la Conselleria había aportado ante la queja de la agrupación de padres de estudiantes.
Ante la falta de respuesta, el 30 de abril y el 3 de julio se volvió a requerir la información y, además, personal de la oficina de la Defensora del Pueblo ha realizado «gestiones telefónicas e informales para conocer las razones de la falta de colaboración, que tampoco han dado resultado», lamenta Becerril.
Recuerda que la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo establece que es un deber de las autoridades y funcionarios atender «con carácter preferente y urgente» las peticiones de información y aprovecha el requerimiento para preguntar además cómo han afectado las recientes resoluciones judiciales contra el TIL a la implantación del trilingüismo.
«De persistir tal actitud, se dará cuenta al fiscal general del Estado para que valore si es de aplicación el artículo 502.2. del Código Penal», que castiga la desobediencia de autoridades y funcionarios al Defensor del Pueblo.
En un comunicado al hilo de la carta de Becerril a Riera, FAPA subraya que la Defensora del Pueblo «certifica que no hay voluntad de colaboración por parte de la Conselleria de Educació», que demuestra su «más absoluto desprecio» hacia «las instituciones que permiten la participación ciudadana y democrática».
«Se confirma nuestra percepción de que la actual Conselleria de Educació ha rebajado el grado del conflicto por la proximidad de las elecciones, pero que en el fondo no hay una verdadera actitud de cambio», indica el presidente de la federación de padres, Vicenç Rodrigo.
Si leemos la carta de la Defensora, me parece que la palabra "amenazar", en el titular es netamente excesiva, si comparamos con palabras más neutras como "avisar" o "amonestar". No olvidemos que se trata de un correo entre dos políticas del PP. No veo la urgencia ni l la necesidad de que la institución del Defensor ("síndic de greuges") se aplique y se financie en Baleares, puesto que ya existe a nivel nacional, como se puede ver.