Los servicios jurídicos del Govern han comenzado a elaborar el recurso de casación que interpondrán ante el Tribunal Supremo contra las tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) que han declarado nulo el Decreto para el Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL) en los centros docentes no universitarios, aprobado en abril de 2013 por el Ejecutivo autonómico.
Así lo han informado fuentes del Govern, que han precisado que la Abogacía dispone para ello de un plazo de diez días hábiles desde el momento de la notificación de la sentencia, periodo que finalizará el 7 de octubre, prorrogable hasta el 8.
Según las mismas fuentes, una de las alegaciones del recurso pasa por rebatir el hecho de que el Govern haya vulnerado el Estatut de Balears por no haber consultado a la Universitat de les Illes Balears (UIB) antes de impulsar el TIL, al recaer en ella una función asesora en todo lo relativo a la lengua catalana en el marco del proceso de normalización de este idioma.
Desde el Ejecutivo balear argumentan que esta consulta fue llevada a cabo, en el trámite de aprobación del Decreto, a través del Consell Escolar, máximo órgano consultivo en materia educativa, del que también forma parte la Universidad, junto con el resto de órganos que representan a la comunidad educativa.
De hecho, la portavoz del Govern, Núria Riera, apuntó este martes que la UIB «tuvo la ocasión de manifestarse en relación a este Decreto de aplicación al trilingüismo en el seno de ese Consejo Escolar» y además, aseveró, así «está avalado por el Consell Consultiu, que en su dictamen acuerda que la UIB fue consultada» en el seno de dicho organismo.
Sin embargo, en una de las sentencias, la Sala de lo Contencioso-Administrativo recalca que «brilla con luz propia la necesidad de que la UIB hubiera sido consultada», recalca una de las resoluciones, que subraya además cómo el Estatuto balear, en su artículo 4.3, encomienda «a todas y cada una de las instituciones» de las islas que garanticen el uso normal y oficial del catalán como del castellano, y adopten las medidas necesarias para asegurar su conocimiento.
El tribunal, que estimó de esta forma, mediante tres sentencias, los recursos interpuestos contra el Decreto por los sindicatos CCOO, UGT y STEI-i, alega además que, con la implantación del trilingüismo, esta norma «altera» el proceso de normalización de la lengua catalana, a la que deja como «un resto significativamente menor».
Y es que uno de los puntos del TIL que mayor polémica ha suscitado en el sector educativo es el que establece que, como objetivo fundamental, se consiga que todos los alumnos alcancen, al finalizar el periodo de escolarización obligatoria, la competencia lingüística en las lenguas oficiales y al menos en una extranjera, preferentemente la inglesa.
ASEGURAR EL CONOCIMIENTO Y USO DEL CATALÁN
En este contexto, la Sala recalca cómo la Ley Balear 3/1986, de Normalización Lingüística, proclama entre sus objetivos el de asegurar el conocimiento y el uso progresivo del catalán como lengua vehicular en el ámbito de la enseñanza.
Es más, la norma propugna que en todos los niveles, grados y modalidades de la enseñanza no universitaria deben enseñarse obligatoriamente la lengua y la literatura catalanas, y ello debe ser llevado a cabo de modo que los alumnos «puedan usar normal y correctamente las lenguas catalana y castellana al finalizar el periodo de escolaridad obligatoria».
Riera apuntó, tras conocerse las resoluciones del TSJIB, a la apuesta del PP por la aplicación del trilingüismo, que responde a un «compromiso» de su partido por el aprendizaje de una tercera lengua en los centros escolares de las islas. «Lo que quiere este gobierno es mejorar el aprendizaje de las competencias lingüísticas de nuestros escolares. Profundizar el aprendizaje de nuestras dos lenguas y a su vez introducir un tercer idioma, preferentemente el inglés, como siempre se presentó en el programa electoral, y de este manera como se ha convertido en programa de gobierno», apostilló.