Los 44 estudiantes que fueron condenados ayer por el asalto a la Conselleria de Educación en 2012 recurrirán una sentencia que consideran injusta, represora y una utilización política e interesada de la justicia, y además han puesto en marcha una campaña para recaudar fondos con los que pagar las multas.
Una de las condenadas, Marta Mouzo, ha asegurado hoy en declaraciones realizadas frente a la Conselleria de Educación que asaltaron el 22 de mayo de 2012 que la jueza no ha tenido en cuenta imágenes, vídeos y testimonios que contradicen lo que la magistrada considera hechos probados.
La estudiante ha descrito el fallo judicial como una «vulneración flagrante» de los derechos fundamentales a la libertad de expresión y reunión, que pretende convertirse en «un castigo ejemplar» para frenar las protestas de rechazo a las políticas antisociales y contra el catalán del Govern del PP.
Mouzo ha asegurado que «la sentencia es prácticamente calcada a la acusación del ministerio fiscal», salvo por el delito de lesiones por el que la fiscalía pedía una condena de cinco meses de multa. La jueza lo ha considerado una falta que ha penalizado con un mes de multa (90 euros de sanción).
«Creemos que esta sentencia y las penas que comporta son totalmente desorbitadas», ha afirmado. La joven ha destacado además que la condena por un delito de desórdenes públicos implica «la existencia de antecedentes penales» para los 44 condenados, «con todas las consecuencias perjudiciales que se derivan de ello».
Otro de los condenados, Joan Colomar, ha admitido que no esperaban una sentencia «tan dura y tan parcial» que ha tildado de «una muestra más de cómo usan la represión para cortar las alas a la protesta social y de cómo le dan la vuelta a una protesta pacífica para convertirla en una falta de lesiones cuando en ningún momento hubo malicia».
Ha asegurado que la sentencia «se basa en mentiras, es totalmente desproporcionada e injusta» y utiliza como prueba las declaraciones de cargos de confianza del Govern del PP.
Colomar ha lamentado que la condena agrave la situación precaria de los estudiantes y ha anunciado que seguirán luchando para intentar demostrar su inocencia. «La represión no nos para, sino que todavía refuerza más nuestra solidaridad y las ganas de luchar por una educación pública gratuita, de calidad y en catalán», ha afirmado.
«Consideramos que el verdadero juicio ya lo hemos ganado», ha dicho Colomar en relación con las muestras de apoyo que han recibido desde que se produjo el asalto y que ha agradecido. «Volveríamos a entrar», ha concluido.
Los condenados han dado inicio a una campaña para recaudar fondos, con la difusión de un número de cuenta en el que esperan recabar lo suficiente para hacer frente al pago de los alrededor de 32.000 euros que suman las multas, así como a los entre 10.000 y 11.000 euros que llevan gastados en su defensa.
Los 44 fueron condenados ayer por la jueza de lo Penal número 1 de Palma, Concepción Moncada, a pagar 720 euros cada uno por un delito de desórdenes públicos, y otros cinco deberán hacer frente a una sanción adicional de 90 euros por una falta de lesiones contra la jefa de gabinete del entonces conseller, que intentó impedirles la entrada al despacho del responsable autonómico.
Los que zandarearon a éstos no les ha pasado nada, pues no, pero algo que no sepan los ciudadanos y que estén acostumbrados. Miren cómo afrontan los ingleses el referéndum Escoces; sí pasara aquí, nos meterían en la cárcel, ya que los viejos legados perduran poder del mecenazgo Balear, esto es una familia cerrada, que cuando n on está de acuerdo con sus principios entonces somos apaleados de alguna forma legal por Decreto o Medalla de éste.