Los 44 estudiantes juzgados por asaltar la Conselleria d'Educació en 2012 han sido condenados por un delito de desórdenes públicos a una multa de 8 meses a 3 euros diarios, lo que supone una sanción de 720 euros cada uno, y además 5 de ellos han sido multados un mes (otros 90 euros) por una falta de lesiones.
La jueza de lo Penal número 1 de Palma, Concepción Moncada, ha dictado hoy sentencia condenatoria para todos los acusados del asalto a la Conselleria d'Educació ocurrido el 22 de mayo de 2012.
La magistrada considera probado que los 44 acusados y varios menores se congregaron ese día frente a la Conselleria y, puestos de común acuerdo, y «extralimitando cualquier eventual autorización administrativa que de dicha concentración pudiera existir, accedieron en tropel a dicho edificio».
La sentencia recoge que accedieron gritando y con carteles a la azotea y a las plantas primera, segunda y cuarta de la Conselleria.
«Que surti el conseller, Bosch dimissió, Bosch cabró», son las consignas coreadas por los estudiantes que recoge la sentencia.
La jefa de gabinete y la secretaria del conseller entraron en el despacho del mismo para intentar cerrarlo con llave e impedir que los estudiantes entraran pero no lo consiguieron porque «de un fuerte empujón accedieron primero a la antesala y después al interior del despacho donde permanecieron examinando y fotografiando documentos», relata el fallo judicial.
La sentencia considera probado que cinco de los estudiantes zarandearon y agarraron con fuerza a la jefa de gabinete, «llegando ésta a caer al suelo y causándole policontusiones y hematomas».
Posteriormente, los acusados se sentaron en el suelo hasta que llegó la policía y les obligó a desalojar. El desalojo se prolongó 45 minutos ya que los agentes tuvieron que coger a los estudiantes del brazo uno por uno porque hicieron caso omiso a las indicaciones de abandonaran la Conselleria.
Tras los testimonios recogidos durante el juicio, y el visionado de dos grabaciones del incidente, la jueza considera que los estudiantes «perturbaron gravemente el orden de dicha oficina pública, sin que su actividad pudiera desarrollarse con normalidad durante aproximadamente dos horas» ya que desbarataron el ritmo ordinario de trabajo.
Además «existió un momento especialmente tenso y violento» cuando entraron al despacho del conseller.
Según la jueza, el episodio descrito «permite afirmar la existencia de un expreso deseo por parte de los acusados de atentar contra el orden público, que va mucho más allá de hacer notar el rechazo que generaba la adopción de determinadas medidas de recorte en materia de educación y una concreta política lingüística del Govern del Partido Popular».
Disconformidad
Ante el argumento de que los estudiantes se limitaron a expresar libremente su disconformidad, la jueza considera que «no puede hablarse de una confrontación ideológica» cuando «se grita, se insulta, se acomete físicamente, se irrumpe a golpes y empujones en el despacho oficial del conseller contra la voluntad expresa de los encargados de su custodia» que tuvieron que ser asistidos por la Policía.
La jueza añade que no vio a ninguno de los acusados «tratando de mantener una comunicación civilizada» tras saber que el conseller no estaba en la Conselleria, ni «la pretendida intención» de tranquilizar a la jefa de gabinete cuando la sujetaron fuertemente.
Lo ocurrido es calificado por la jueza en la sentencia como perturbación grave del orden público, por los medios empleados para protestar -"con una evidente persistencia en la resolución criminal, con una clara vocación de permanencia y en la que no cesaron voluntariamente"-, porque contravinieron la normativa sobre concentraciones reivindicativas y entraron en tropel.
Según la jueza, cinco de los estudiantes llegaron a agredir a la jefa de gabinete «en esa escalada en la intensidad de la perturbación» por lo que fue necesaria la intervención de la policía.
Las defensas habían solicitado la absolución por considerar que la protesta fue pacífica.
Antes del juicio la Fiscalía pedía un año y medio de prisión para 7 acusados por alterar el orden público y lesionar presuntamente a la exjefa de gabinete del conseller de Educación; y seis meses de cárcel para los otros 37; pero tras el juicio modificó las conclusiones y pidió ocho meses de multa de 3 euros por el delito de desórdenes para todos ellos y otros ocho meses de multa para cinco acusados por la falta de lesiones.
La acusación particular pedía 4 meses de prisión para todos los acusados.
En el juicio que se celebró el pasado julio, los estudiantes negaron que la protesta en la que llegaron hasta el despacho del conseller fuera violenta y uno de ellos relató que fueron bienvenidos e incluso aplaudidos por los funcionarios de la Conselleria que les animaban en sus reivindicaciones.
Nada que nos extrañe. La política hace política resolutoria. Miren el fondo y se darán cuenta de que la corrupción que queda impune, ya que los faroles siguen encendiendo los bancos de la ciudad y los cargos con velas y tartas de navidad con el champan preparado, al final, las medallas harán justicia de conformidad. El pueble oprimido durante años, ha callado y aguantado las ignominias de los cargos y políticos, pero al parecer, ya no aguantan más, las humillaciones, vejaciones, paro, miserias, abusos etc. Estamos en un estado de la Santa Inquisición moderna que funciona con las herramientas políticas. La crispación ciudadana, viene dada por el expolio de identidad y de servicios, debido a la corrupción a todos los niveles que ha dejado al pie de una tumbas a los ciudadanos de por vida, por hambre y falta de sanidad etc. por falta de recursos.